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Tomado de BERRIAK

Los magistrados del Tribunal de Justicia del País Vasco han analizado la demanda interpuesta por ELA y LAB. Ambos sindicatos han destacado que el Gobierno Vasco se ha quedado «sin argumentos» ante la actitud de la patronal.

Si no es en una mesa de negociación, en el juzgado. Los sindicatos ELA y LAB han realizado hoy un último esfuerzo para obligar a Confebask a negociar un salario mínimo propio. Lo han hecho en el TSJPV, ante el tribunal presidido por la magistrada Garbiñe Biurrun. Ambos sindicatos consideran que la patronal tiene la obligación legal de negociar y así lo argumentaron en la demanda interpuesta en el juzgado.

Según han explicado, en cuatro ocasiones han intentado un acuerdo con Confebask que fijaría el salario mínimo para la CAV, pero, según ellos, la patronal se ha negado tanto a iniciar la negociación como a constituir una mesa para ello. Los sindicatos consideran que adoptando esta postura ha vulnerado la ley. En el juicio, los sindicatos han recordado que desde la última reforma laboral se recoge expresamente en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores que los convenios interprofesionales de ámbito autonómico tienen prioridad, por lo que las partes tienen la obligación de negociar cuando se proponga un acuerdo de esta naturaleza.

Los sindicatos aseguran que no es la primera vez que Confebask actúa como tal. De forma similar lo ha hecho con otros convenios territoriales que se han querido negociar por primera vez, como el del sector químico, el de los centros especiales de empleo, el de las trabajadoras del hogar y el de los euskaltegis. ELA y LAB han denunciado que la patronal prioriza los convenios de ámbito estatal, lo que permite a la patronal «explotar hasta el extremo a los trabajadores»: «Por eso renuncia a abrir nuevas negociaciones colectivas en la CAV».

La huelga, «más legítima que nunca»
Esta cuestión, a juicio de los sindicatos, pone de manifiesto también la actitud del Gobierno Vasco. Los socios de gobierno en el Parlamento Vasco, PNV y PSE-EE, rechazaron la iniciativa legislativa popular presentada por los sindicatos para establecer un salario mínimo propio, firmada por 138.495 ciudadanos. El objetivo de este proyecto era solicitar la transferencia de Madrid a las instituciones de Hego Euskal Herria de la competencia para establecer el salario mínimo, pero, a juicio de ambos partidos, no cuentan con el respaldo legal para solicitarlo — lo mismo alegaron en el Parlamento navarro —.

De todas formas, defendieron que el salario mínimo se pueda decidir allí, pero que el camino para ello son los acuerdos interprofesionales, entre sindicatos y patronal, y el propio Departamento de Economía y Empleo del Gobierno Vasco hizo un análisis defendiéndolo. Sin embargo, los sindicatos recuerdan que han intentado hacer ese camino, pero que Confebask se ha negado reiteradamente. La patronal, por su parte, ha argumentado que no se ha negado, pero que puso como condiciones que la negociación se lleve a cabo en la mesa de diálogo social y que también se aborde el absentismo laboral.

Según ELA y LAB, la situación internacional tampoco justifica la postura de la patronal: recuerdan que nueve de cada diez países que integran la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establecen por ley el salario mínimo por los riesgos que supone dejar en manos de la patronal una decisión de este tipo. En opinión de los sindicatos, el Gobierno Vasco quiere otorgar este «monopolio» a Confebask, por lo que renuncia a asumir esta competencia.

Ambos sindicatos han subrayado que la huelga general convocada para el 17 de marzo es «más legítima y necesaria que nunca». A su juicio, esta movilización será la principal herramienta para condicionar la actuación de empresarios y partidos políticos y la vía para lograr una competencia en favor del salario mínimo propio «que pueda hacer posible la cohesión social de los trabajadores de Hego Euskal Herria».