Rédaction-coordination JdA-PA - (Le journal d´Alter)
Contribución de un miembro del colectivo Jeunesse//---
La criminalización de la migración y el aumento de los discursos xenófobos adoptan diferentes formas según los países. En Sudáfrica y Túnez, las y los migrantes y las personas que defienden sus derechos se encuentran en el centro de las crecientes tensiones políticas, sociales y económicas. El FSM (Foro Social Mundial) de Cotonou no dejó de abordar la cuestión.
Sudáfrica frente a la violencia xenófoba
La situación de las personas migrantes en Sudáfrica, incluidas las que han vivido allí durante muchos años, se ha vuelto particularmente preocupante. Nigeria y Ghana han expresado en particular su preocupación por la creciente inseguridad que afecta a sus nacionales.
La violencia xenófoba no es nueva en el país. Varias olas ya han estallado desde la década de 2000, incluida la de 2008, la más mortífera. Sin embargo, en los últimos meses, nuevas movilizaciones hostiles a las y los migrantes han provocado la salida de decenas de miles de personas. Según varios medios de comunicación, más de 160.000 ciudadanos africanos habrían abandonado Sudáfrica desde finales de mayo de 2026. Ghana y Nigeria organizaron operaciones de repatriación, lo que permitió el regreso de 926 y 1.490 de sus ciudadanos respectivamente.
Esta violencia se explica en gran parte por las dificultades socioeconómicas del país. Sudáfrica tiene un desempleo particularmente alto, estimado oficialmente en el 32,7% en 2026, y superando el 60% entre los jóvenes de 15 a 24 años. En este contexto, las y los migrantes a menudo se presentan como competidores en el mercado laboral y en la economía informal. También se les acusa de agravar la inseguridad y contribuir a la saturación de los servicios públicos.
Los actos de violencia se producen en diferentes entornos: escuelas, hogares de extranjeros, empresas o clínicas. Las redes sociales también juegan un papel importante. Los grupos abiertamente xenófobos difunden mensajes de odio y movilizan a sus simpatizantes.
También se discutió la posición del gobierno sudafricano. Según varios participantes en el taller del FSM de Cotonú sobre el tema, el presidente Cyril Ramaphosa pronuncia un discurso ambivalente, especialmente cuando se acercan las elecciones. Condena públicamente la violencia y pide el respeto de los derechos humanos, al tiempo que reconoce que la inmigración irregular es, en su opinión, un problema real para el país. Incluso se reunió con algunos influencers conocidos por sus posturas hostiles a los migrantes.
El portavoz de la presidencia, por su parte, rechazó las acusaciones de xenofobia, calificando las manifestaciones de “protestas constitucionales”. También remitió a los países africanos a sus propias dificultades, especialmente en términos de inestabilidad y gobernanza.
Túnez y la represión del espacio cívico:
En Túnez, las discusiones primero recordaron la esperanza democrática nacida después de la revolución. Después de décadas de represión, muchos tunecinos pensaron que su país había iniciado finalmente una transición duradera. Sin embargo, desde hace varios años, la situación se ha deteriorado considerablemente.
Las detenciones de políticos, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos se han multiplicado. La libertad de expresión también se ha restringido gradualmente.
Esta represión va acompañada de un discurso oficial cada vez más hostil a los migrantes subsaharianos. Cerca de Sfax, entre El Amra y Gbeniana, miles de migrantes han vivido en los últimos años en campamentos improvisados instalados en medio de los olivares. La zona se ha convertido en el principal lugar de reunión de migrantes en Túnez.
Las operaciones de desmantelamiento llevadas a cabo por las autoridades a veces estuvieron marcadas por la violencia, el incendio de tiendas de campaña y las expulsiones forzadas, presentadas en algunos casos como “regresos voluntarios”.
Ante esta situación, activistas, asociaciones, representantes de la sociedad civil y políticos se han movilizado contra el racismo. En particular, piden la aplicación efectiva de la ley n° 50 de 2018, que tiene como objetivo luchar contra todas las formas de discriminación racial. Considerada una ley pionera en el Magreb, sin embargo, sigue estando en gran medida inaplicada, mientras que los llamamientos a la expulsión de los migrantes siguen suscitando gran preocupación.
Enjuiciamiento contra quienes defienden los derechos
La condena de Saadia Mosbah, presidenta de la asociación antirracista Mnemty, ocupó un lugar importante en las discusiones. A sus 66 años, lleva muchos años defendiendo los derechos de las personas negras y los migrantes subsaharianos en Túnez, especialmente desde el discurso del presidente Kaïs Saïed que denunció la presencia de “hordas de migrantes ilegales” como una amenaza demográfica.
Antes de la audiencia, Amnistía Internacional había denunciado “acusaciones infundadas de malversación financiera” y una nueva ilustración del uso de la justicia penal para silenciar a la sociedad civil. Estuvieron presentes representantes de la Unión Europea, la ONU, así como Alemania, Francia y Bélgica.
Condenada en primera instancia, el 19 de marzo de 2026, a ocho años de prisión y a una fuerte multa por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito, Saadia Mosbah vio confirmada su sentencia en apelación el 23 de junio. Muchas organizaciones tunecinas e internacionales han denunciado esta decisión, que consideran un ejemplo de racismo institucional y de instrumentalización de la justicia contra una figura importante de la lucha contra el racismo.
Los panelistas también mencionaron el caso de Abdallah Said, activista de derechos humanos y presidente de la asociación “Les Enfants de la Lune”. El 22 de abril de 2026, el tribunal de primera instancia de Médenine le condenó a un año de prisión.
El Comité por la Justicia (CFJ) considera que este caso ilustra el acoso sistemático contra ciertos actores de la sociedad civil y el uso abusivo de la prisión preventiva como medio de presión política. Abdallah Said estaba detenido desde el 12 de noviembre de 2024 sin que se le notificaran cargos claros. Según el Comité, el caso se habría asociado inicialmente con el terrorismo, antes de que se formularan nuevas acusaciones, en particular de blanqueo de capitales, malversación de fondos y violación de la seguridad exterior del Estado, a pesar de la ausencia de carácter terrorista planteada por la justicia.
Para el Comité, el objetivo del responsable de una asociación humanitaria que proporciona atención médica a personas vulnerables se inscribe en un contexto más amplio de reducción del espacio cívico y aumento de discursos discriminatorios contra las y los migrantes subsaharianos.
Defender los derechos, rechazar la criminalización
Sudáfrica y Túnez ilustran dos realidades diferentes de un mismo fenómeno: el aumento de los discursos xenófobos y la criminalización de las personas migrantes y de quienes defienden sus derechos. Ante la violencia, las expulsiones y la represión de la sociedad civil, estas situaciones recuerdan la urgencia de proteger los derechos humanos, luchar contra el racismo y defender un espacio cívico libre. Resistir a la criminalización de la migración es, ante todo, negarse a que las personas migrantes se conviertan en chivos expiatorios y que la defensa de su dignidad se considere una amenaza.
22 agosto 2026
https://alter.quebec/resister-a-la-criminalisation-de-la-migration-deux-realites-africaines/
Traducción: Faustino Eguberri