M.Labeaga//..
La izquierda que renunció y la derecha que espera
Nos quieren vender el desánimo como destino
Nos están intentando convencer de que todo está escrito. Que el avance de la derecha es inevitable. Que PP y Vox acabarán gobernando. Que la extrema derecha ocupará despachos, ministerios e instituciones y que solo queda esperar el golpe.
No. No hay nada inevitable.
Lo que existe es una crisis política profunda. Una crisis de una izquierda institucional que durante años prometió transformar la realidad y terminó administrándola dentro de los límites que marcaban los poderes económicos. Una izquierda que llegó al Gobierno hablando de cambio y que, demasiado a menudo, acabó hablando el lenguaje de la gestión, de la estabilidad y de lo posible.
Y ahí está una parte fundamental del problema.
Porque mientras los salarios siguen sin permitir a millones de trabajadores vivir con tranquilidad, mientras la vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos y mientras acceder a servicios públicos dignos resulta cada vez más difícil, una parte de la izquierda pretende explicar que sus avances deberían bastar para conservar la confianza de quienes sostienen el país con su trabajo.
No basta.
Las encuestas ofrecen fotografías distintas y no permiten hablar de un resultado electoral anunciado. Pero sí muestran un escenario que debería preocupar a cualquiera que defienda los derechos sociales: Vox mantiene una presencia electoral importante y, en algunos sondeos recientes, el bloque de las derechas aparece en condiciones de disputar seriamente el Gobierno.
El problema, por tanto, no es solamente quién pueda ganar unas elecciones.
El problema es por qué tanta gente trabajadora ha dejado de encontrar una razón para confiar en quienes dicen representarla.
PP y Vox: una derecha cada vez más normalizada
La derecha no necesita que la izquierda desaparezca. Le basta con que la izquierda deje de movilizar.
PP y Vox representan proyectos políticos diferentes, pero comparten hoy espacios de confrontación sobre cuestiones centrales como la inmigración, la seguridad, los servicios públicos o determinados derechos sociales. Y su capacidad de avanzar no depende únicamente de la fuerza de sus propios discursos.
También depende del vacío que encuentran delante.
La extrema derecha crece allí donde consigue convertir el malestar social en resentimiento contra el más débil: contra quien llega de fuera, contra quien recibe una ayuda, contra quien protesta, contra quien ocupa una vivienda, contra quien reivindica derechos.
Mientras tanto, las causas estructurales del deterioro —los salarios insuficientes, la especulación inmobiliaria, la precariedad, la pérdida de poder adquisitivo o la concentración de riqueza— desaparecen del foco.
Es una operación política vieja: conseguir que quienes tienen menos miren hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba.
Pero sería demasiado cómodo atribuir exclusivamente a la derecha el crecimiento de ese discurso.
La extrema derecha también encuentra terreno abonado cuando la izquierda abandona los barrios, los centros de trabajo, las asociaciones, los movimientos sociales y las calles.
Cuando aparece solamente durante las campañas electorales, llega tarde.
La izquierda de Gobierno y el precio de gobernar sin transformar
Aquí es donde toca hablar claro.
Podemos primero y Sumar después entraron en distintos momentos en el Gobierno de Pedro Sánchez con la promesa de disputar políticas económicas y sociales desde la izquierda. Algunas medidas fueron avances concretos y sería absurdo negarlo. Pero también hubo decisiones y límites que generaron una distancia creciente entre el discurso y la experiencia cotidiana de muchos trabajadores.
La reforma laboral de 2021, acordada entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, modificó profundamente la contratación y restringió el uso de determinados contratos temporales. Presentarla simplemente como una derogación completa de la reforma de 2012 tampoco describe con precisión lo ocurrido.
Y precisamente por eso el debate debería ser más serio.
Porque una izquierda transformadora no puede conformarse con celebrar cada pequeña mejora como si fuera una conquista definitiva.
Tampoco puede presentar como victoria histórica cualquier acuerdo alcanzado dentro de unos límites económicos que permanecen intactos.
La cuestión es mucho más profunda:
¿Quién tiene realmente capacidad para decidir sobre la riqueza que se produce?
¿Quién decide cuánto vale una vivienda?
¿Quién determina las condiciones de trabajo?
¿Quién fija los límites de los beneficios empresariales?
¿Quién soporta las crisis cuando llegan?
Y, sobre todo, ¿quién paga siempre la factura?
Ahí está el verdadero campo de batalla.
La vivienda: la herida que ya no puede ocultarse
Hay una cuestión que resume mejor que ninguna otra la distancia entre la política institucional y la vida real: la vivienda.
Para una parte creciente de la población, emanciparse se ha convertido en una excepción. Para muchas familias, pagar el alquiler supone una parte insoportable de sus ingresos. Y para demasiados jóvenes, tener una vivienda digna parece depender más de la ayuda familiar que del salario obtenido con su trabajo.
Cuando una persona trabaja y no puede permitirse vivir donde trabaja, algo está roto.
Cuando un salario entero desaparece cada mes entre alquiler, hipoteca, electricidad y alimentación, hablar de recuperación económica sin hablar de distribución de la riqueza es insuficiente.
Y cuando la vivienda se convierte en mercancía antes que en derecho, las declaraciones institucionales sirven de poco.
El problema no es que el trabajador se haya hecho de derechas
Esta es quizá la cuestión que más interesa ocultar.
No todo trabajador descontento se ha convertido en votante de derechas.
Muchos simplemente han dejado de creer.
Han dejado de participar. Han dejado de acudir a las urnas. Han dejado de confiar en partidos que prometieron representarles y que, una vez instalados en las instituciones, parecieron hablar un idioma cada vez más alejado de su vida cotidiana.
La abstención no puede analizarse únicamente como apatía.
También puede ser el resultado de una ruptura política.
Una ruptura entre la gente y unas instituciones que perciben como incapaces de resolver aquello que más directamente afecta a sus vidas.
Y esa ruptura tiene consecuencias.
Porque cuando los sectores populares dejan de participar, el espacio político no queda vacío para siempre. Lo ocupan otros.
No necesitamos nostalgia. Necesitamos organización
Por eso la respuesta no puede limitarse a pedir el voto cada cuatro años.
Tampoco sirve llorar después de cada derrota electoral ni culpar al pueblo porque no haya entendido el supuesto esfuerzo realizado desde las instituciones.
La política transformadora no puede construirse desde los despachos.
Tiene que volver a los centros de trabajo, a los barrios, a los sindicatos, a las asociaciones, a los movimientos sociales, a las asambleas y a la calle.
Tiene que volver a hablar de salarios.
De vivienda.
De servicios públicos.
De condiciones laborales.
De poder económico.
De quién produce la riqueza y quién se la apropia.
Y tiene que hacerlo sin pedir disculpas.
Porque una izquierda que deja de hablar de clase termina hablando solamente de sí misma.
El reto no consiste en recuperar una determinada marca electoral ni en reconstruir las mismas siglas con otros nombres. El reto es reconstruir una fuerza social capaz de organizar a quienes viven de su trabajo.
Eso exige sindicalismo de clase. Organización desde abajo. Participación. Conflicto social cuando sea necesario. Y, sobre todo, recuperar una idea elemental que demasiadas veces se ha vaciado de contenido: que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
Que no nos entierren en silencio
Puede haber derrotas electorales.
Puede haber retrocesos.
Puede incluso haber gobiernos de derechas.
Pero ninguna encuesta, ningún Gobierno y ningún resultado electoral puede decidir por nosotros que estamos derrotados.
Lo verdaderamente peligroso sería aceptar esa derrota antes de que se produzca.
Nos quieren convencidos de que no hay alternativa.
Que solo existe lo posible.
Que solo queda elegir quién administra mejor la misma realidad.
No.
La historia de los derechos laborales, de la sanidad pública, de las pensiones, de la jornada laboral o de la democracia no la escribieron quienes esperaron sentados a que alguien les concediera algo.
La escribieron personas organizadas.
Personas que se enfrentaron a lo que parecía imposible.
Por eso, frente al desánimo, organización.
Frente a la resignación, conflicto.
Frente a quienes quieren convertir el miedo en política, solidaridad.
Y frente a una izquierda que ha olvidado demasiadas veces de dónde viene, una exigencia sencilla:
Que vuelva a estar donde siempre debió estar: al lado de quienes trabajan, de quienes luchan y de quienes no tienen otro patrimonio que su propia fuerza.
Que no nos entierren en silencio.
Porque todavía no estamos derrotados.