Garbiñe Aranburu y Urko Aierbe//:
Tomado de BERRIA
El proceso de recuperación del euskera se encuentra en un momento crucial. El paradigma para la euskaldunización, estructurado en la década de los 80 con los estatutos de la CAV y Navarra y las legislaciones derivadas de la misma, está totalmente roto. Por un lado, porque ya ha dado lo máximo que podía dar, encadenado a la mirada con la que se diseñó hace 40 años y sin ser adaptado a las condiciones y necesidades del presente. Por otro lado, los sectores de la izquierda española que en su día defendieron este modelo (la oposición a la competencia es eterna), al considerar que en la euskaldunización hemos ido más lejos de lo que esperaban, han entrado en plena ofensiva contra el mismo en los últimos tiempos, especialmente centrados en la lucha contra la euskaldunización de la administración.
Este paradigma no puso en tela de juicio a una administración profundamente castellana procedente del franquismo y, sobre esa base, se le ofreció al euskera un nivel subalterno, no un estatus igualitario. Así, en una progresividad tan lenta como inambiciosa (¡después de 40 años esto!), en un Índice de Obligatoriedad indeterminado que permite una interpretación arbitraria, qué modelo de planificación ha estado basado en planes de euskera que repiten por inercia las medidas de planificación, está agotado.
Asimismo, los empleados públicos que comenzaron a trabajar en su creación ya han comenzado a ser judíos (aproximadamente la mitad en pocos años), en una coyuntura en la que las nuevas generaciones son euskaldunes en una proporción muy elevada. Más del 85% de los candidatos a empleados públicos en la CAV son euskaldunes o cuasi-euskaldunes. Así que hay condiciones para un salto.
En ese diagnóstico, somos conscientes de que hay empleados públicos que no han tenido suficientes oportunidades para aprender euskera. Muchos encadenando contratos laborales precarios e interinos durante años. Exigimos la entrada en vigor de un ambicioso plan que ofrezca medios suficientes y facilidades para que todos ellos se euskaldunicen, para que de una vez por todas todos los empleados públicos sean bilingües.
Detrás del clamor de la libertad encontramos el interés político y sindical por proteger a una minoría privilegiada que se atrinchera en el monolingüismo castellano.
La violencia persistente en Navarra se ha manifestado con fuerza en la CAV en los últimos cinco años. Promovidos por partidos y sindicatos de izquierda española, principalmente PSE y CCOO, estamos conociendo una ofensiva supremacista y euskarófoba sistemática contra la euskaldunización de la administración. Mediante la manipulación de situaciones de determinados trabajadores y la supuesta defensa fraudulenta de los derechos laborales, se han interpuesto demandas judiciales contra once convocatorias de empleo, perfiles lingüísticos, cláusulas lingüísticas para las subcontratas y otras medidas para fomentar el uso del euskera en la administración, con un total de más de un centenar. Sabiendo que los tribunales son un campo de juego a favor del que ha comprado el árbitro.
Todo basado en una falacia: la de contraponer y graduar derechos lingüísticos y laborales. Debemos denunciar la escasa calidad democrática de los agentes que promueven esta discriminación en sus discursos y prácticas. Detrás del clamor de la libertad encontramos el interés político y sindical por proteger a una minoría privilegiada que se atrinchera en el monolingüismo castellano.
De hecho, pedir euskera para trabajar en la administración o fomentar su uso es una amenaza para la imposición y las condiciones laborales. En cambio, la exigencia explícita o implícita del castellano en el 100% de los puestos públicos de facto no es una imposición, eso es normal y aceptable. Todo ello indica que para estos partidos y sindicatos el euskera y los derechos lingüísticos de los euskaldunes son secundarios, marginales. Aceptan fomentar el euskera, siempre y cuando no ponga en cuestión la hegemonía y la imposición real del castellano.
También tenemos que denunciar la actitud del PNV. No representa un mínimo de valentía para acometer los cambios políticos y jurídicos que realmente exige la euskaldunización de la administración. Hablamos de garantizar los derechos de los ciudadanos, cuya garantía no puede estar sujeta al derecho de veto otorgado al PSE.
La última bandera de estos sectores es la del consenso lingüístico, del que nos acusan a los agentes euskaltzales de romper. He aquí otra falacia. El supuesto consenso lingüístico que se enmarca en la Ley del Vascuence de la CAV en 1982 fue denunciado desde su creación por diversos agentes euskaltzales, ya que se basó en la primacía del castellano y en la subordinación del euskera y de los derechos lingüísticos de los euskaldunes. Ese supuesto consenso implica sumisión y opresión.
La única solución a este conflicto vendrá del debate abierto en el Parlamento de la CAV que sitúe el estatus jurídico del euskera a la altura del del castellano, cuando se garanticen los derechos lingüísticos de los euskaldunes en su integridad. A falta de cambios oportunos en esta dirección, continuará la actual incertidumbre jurídica, amenazada por las decisiones arbitrarias de los tribunales y los agentes euskarafobos.
Por todo ello, LAB hace un llamamiento a todos los trabajadores y ciudadanos euskaltzales a movilizarse por nuestros derechos y por la normalización del euskera. Tanto el próximo sábado en Bilbao como en la manifestación convocada por el Consejo del Euskera para el 13 de junio en Pamplona. Por el derecho a vivir y trabajar en euskera, ¡a la calle!