Los sindicatos soberanistas del País Vasco, Galicia y Países Catalanes defenderán juntos el derecho a decidir un salario mínimo propio. Ayer se anunció que en las próximas semanas se celebrarán reuniones con los partidos del Congreso y el Gobierno español para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
Los sindicatos vascos visitaron la sede de ELA en Bilbao; el resto actuaron por videoconferencia. (Mikel MARTINEZ DE TRESPUENTES | FOKU)
Garbiñe Aranburu, de LAB, afirmó que la reivindicación del salario mínimo propio es «un pilar sobre el que construir el marco laboral vasco». La regulación a nivel estatal, sin embargo, supone una tendencia a la centralización, estableciendo una uniformización en salarios y condiciones y aumentando la precarización.
Los sindicatos de naciones sin estado afrontan unidos la lucha por un salario mínimo propio. En Hego Euskal Herria, el 17 de marzo está convocada una huelga porque patronales e instituciones han cerrado los caminos a esta reivindicación, y en este contexto los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde de Euskal Herria; CIG de Galicia; e Intersindical Catalana, Intersidical Valenciana, Intersindical Alter- nativa de Catalunya y STEI Balears firmarán un manifiesto conjunto e impulsarán una actuación conjunta a favor de esta reivindicación.
Según señalaron ayer en una comparecencia en Bilbao, el primer objetivo de esta colaboración será que el Congreso español modifique el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo actual señala que la fijación del salario mínimo corresponde al Gobierno español. Si se consigue el cambio que quieren implantar estos sindicatos, esa competencia la tendrían las comunidades autónomas. En todo caso, el salario mínimo establecido por estos no podría ser inferior al establecido por el Estado. Es decir, la intervención autonómica deberá ser para mejorar el salario mínimo y no empeorar.
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En este sentido, Garbiñe Aranburu, de LAB, explicó que en la primera quincena de febrero se reunirán con los partidos con representación en el Congreso, en concreto, EH Bildu, PNV, BNG, Junts, ERC, Podemos, Sumar y PSOE. Con PP y Vox no se juntarán. También se reunirán con la ministra Yolanda Díaz.
Mitxel Lakuntza, de ELA, dijo que hay posibilidades de modificar el artículo 27. Junto a ello, recordó que una directiva de la Unión Europea establece la necesidad de dar pasos en esa dirección. En su opinión, «hay que aprovechar este momento para conseguir lo que estamos planteando».
CONCLUSIONES CONCRETAS
El propio Lakuntza y Paulo Carril, del CIG, afirmaron que el actual Gobierno español está sustentado por fuerzas soberanistas y eso debería tener consecuencias concretas también en las normas laborales. El líder de ELA añadió que tratándose de sindicatos sin Estado es propio oponerse al modelo centralista, máxime cuando éste normaliza la precariedad y los bajos salarios; «busca la uniformización de la precarización, empeorando las condiciones», comentó.
En palabras de Aranburu, este modelo está provocando que aumenten las brechas sistémicas y la precarización, que la riqueza que se genera no se distribuya y que miles y miles de trabajadores no tengan garantizadas las condiciones básicas.