Hélène Marra//
[Giorgia Meloni ha sufrido este lunes su primera derrota en las urnas desde que ganó las elecciones generales de 2022, en un referéndum de reforma de la magistratura que era un primer paso para el control de la justicia y una deriva autoritaria. A la espera de análisis detallados, es evidente que una parte de los votantes de derecha también ha votado contra la reforma. Los más jóvenes han sido decisivos: el 61% de los que tienen entre 18 y 34 años ha optado por el “NO”.
Tras el cierre de las urnas a las 15.00, pues se votaba domingo y lunes, el NO se ha impuesto con un 53,7%, con el 99% de los colegios ya escrutados. Más de 14,4 millones de votos frente a los 12,4 millones a favor del sí. Con una participación muy alta, el 58,9%, es una señal política muy fuerte que, de hecho, inaugura la recta final para las próximas elecciones generales, previstas para septiembre de 2027, si no se adelantan.
El artículo que sigue, publicado dos días antes de las votaciones, explica el contenido y las consecuencias de la reforma propuesta a aprobar en el referéndum. Red. Satorzulogorria].
El gobierno de Giorgia Meloni continúa su ofensiva autoritaria con una reforma de la justicia que amenaza la independencia del poder judicial. El referéndum del 22 y 23 de marzo es un asunto político central.
Después del decreto de “seguridad”, la reforma de la justicia es otro eslabón importante del proyecto autoritario promovido por el gobierno de Giorgia Meloni. Al modificar los métodos de elección de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), amenaza la independencia de este órgano y limita su posibilidad de actuar como contrapoder frente a los sistemas político y económico. La victoria del NO en el referéndum del 22 y 23 de marzo es una oportunidad importante para desestabilizar la coalición liderada por Giorgia Meloni y solidificar el campo de la oposición política y social.
Fortalecer el poder del ejecutivo, silenciar la protesta
Hacer la guerra a las “toghe rosse” (togas rojas) fue la obsesión de la derecha Berlusconiana durante los cuatro mandatos del “Cavaliere”. La batalla contra el poder judicial forma parte hoy de un proyecto autoritario destinado a vaciar gradualmente de toda sustancia la democracia liberal burguesa preservando sus apariencias. Las disposiciones del decreto de “seguridad”, que entró en vigor el pasado mes de febrero, ya habían alertado a algunos juristas que hablan de un “verdadero proyecto subversivo destinado a evitar la disidencia y transformar gradualmente el estado de derecho en un estado policial”. Se trata, en efecto, de un ataque muy grave contra la libertad de reunión y manifestación, bastante inédito en la historia reciente de la República Italiana. A esto se suman las restricciones -ya muy fuertes- a la libre circulación de las personas migrantes, a los estilos de vida, así como los ataques contra el derecho de huelga y las condiciones de trabajo de las clases subalternas.
Los peligros de la reforma constitucional
Contrariamente a lo que a menudo se afirma, la reforma no ofrece ningún remedio a los males de la justicia italiana: los plazos de la justicia, tanto penal como civil, que permiten a quienes son más poderosos retrasar los juicios y negar los derechos a quienes son más frágiles; los errores judiciales; o el hacinamiento penitenciario y el desastroso estado de las cárceles.
La reforma tampoco se refiere a la separación de carreras, porque ya existe una separación sustancial entre la fiscalía (los fiscales) y la sede (los jueces), consagrada por la ley Cartabia en 2022. En realidad, se trata de una reforma que cuestiona la independencia del poder judicial y limita las garantías del principio de separación de poderes, favoreciendo, por el contrario, la tendencia a la centralización característica de los regímenes autoritarios.
Por lo tanto, no se trata de una cuestión técnica y abstracta, sino de una cuestión eminentemente política. Según la profesora de Derecho Constitucional Alessandra Algostino, esta reforma se inscribe en un contexto de concentración de poderes y descalificación del trabajo de los jueces por parte del ejecutivo. Esto incluye la duplicación del Consejo Superior de la Magistratura (uno para los fiscales y otro para los jueces).
Actualmente, este órgano de autogobierno de los jueces está compuesto por un tercio por los llamados miembros “laicos”, elegidos por el Parlamento, por dos tercios por miembros con toga elegidos por los jueces, a los que se suman tres miembros de pleno derecho: el Presidente de la República, el primer Fiscal General del Tribunal de Casación y el Presidente del Tribunal de Casación. Esta composición asegura una mayoría de miembros magistrados elegidos por los jueces, que deciden en particular las sanciones disciplinarias.
La reforma prevé que esta competencia disciplinaria se retire al CSM para ser asignada a una nueva instancia, el Tribunal Superior Disciplinario, compuesto por los jueces más avanzados en su carrera, lo que implicaría una lógica piramidal. Otro cambio importante se refiere a la introducción del sorteo para el nombramiento de los miembros de los dos consejos de la magistratura. Este sorteo difiere según el tipo de miembros: los laicos (profesores de derecho o abogados con al menos quince años de experiencia) serían sorteados a partir de una lista establecida por la mayoría parlamentaria. Esto significa que este componente del CSM sería homogéneo y compacto, mientras que el sorteo de los jueces se realizaría a partir de la lista completa de magistrados en ejercicio.
El objetivo: controlar la justicia y neutralizar su función de contrapoder
Con el pretexto de contrarrestar las corrientes de la magistratura, este sistema conduce a una forma de fragmentación del CSM, que se volvería, debido a su división, más permeable a las influencias del componente laico politizado. La reforma se basa en realidad en una falsa concepción de la democracia, considerando que las corrientes del poder judicial constituyen en sí mismas un peligro.
Para hacer frente al “peligro” de las corrientes, el gobierno quiere imponer un control político de los jueces sorteados por la mayoría parlamentaria. Meloni explica que esto también debería servir a los intereses de sus oponentes, no dejando dudas sobre su voluntad de controlar este órgano.
Por el contrario, el pluralismo de corrientes constituye una palanca democrática, que permite debatir las diferentes interpretaciones del derecho. Ciertamente, esto no garantiza el ejercicio de una justicia progresista: hay herencias del sistema patriarcal y racista que atraviesan las culturas jurídicas. Sin embargo, se sabe que en los países donde se ha experimentado un sistema de este tipo, ha llevado a un acercamiento entre la fiscalía y el ejecutivo.
Este acercamiento se vuelve esencial para que el gobierno autoritario de Meloni garantice la aplicación de las reformas represivas hacia las personas exiliadas, las minorías, las y los trabajadores y, más ampliamente, toda la gente opositora. La “reforma” Nordio, como todas las acciones del gobierno de Meloni, sirve en última instancia para “deformar el marco de los derechos y la correlación de fuerzas entre las clases”.
Hacer campaña y votar NO en el referéndum los días 22 y 23 de marzo
La campaña por el “No” es dinámica y reúne a los sindicatos, a los partidos de la izquierda del país, pero también a los artistas y a los movimientos de la sociedad civil. El sábado 14 de marzo, 20 000 personas se manifestaron por la capital italiana para decir “No” al referéndum constitucional y a la guerra imperialista en Oriente Medio. Es una señal alentadora para una victoria del NO en el referéndum que puede frenar el proyecto liberticida del gobierno de Meloni y desestabilizar su papel hegemónico dentro de la coalición gubernamental.
Semanario L’Anticapitaliste – 792 (19/03/2026)
Traducción: Satorzulogorria