IMANOL SAGUZAHARRA//---
Hay decisiones que parecen un simple cambio de protocolo y contienen, en realidad, una declaración política entera. Alternar la presencia del lehendakari en las aperturas de curso de las tres universidades vascas no es pluralismo institucional: es una forma elegante de deslealtad hacia lo público, disfrazada de neutralidad.
No hace falta descalificar a Deusto ni a Mondragon Unibertsitatea para afirmar algo muy sencillo: no son instituciones equivalentes a la EHU. Cumplen funciones relevantes y forman parte del sistema universitario vasco. Pero lo público es otra cosa, y un Gobierno que dice no verlo, o miente o ha dejado de creer en ello.
La universidad de todos, abandonada por quien debería protegerla
La EHU es la universidad pública del país. Dos de cada tres estudiantes universitarios vascos se forman en sus aulas. Es el principal espacio público de investigación y formación superior, y cumple una función que ninguna otra institución puede sustituir: abrir las puertas de la educación superior con independencia de la capacidad económica de cada familia.
El conocimiento como bien común. La movilidad social como derecho, no como privilegio. La investigación financiada por todos y entregada a todos. Nada de esto parece importarle ya al Ejecutivo de Ajuria Enea, que trata la financiación como un trámite contable y el reconocimiento simbólico como una variable prescindible.
Ningún contrato-programa iguala eso. El Gobierno Vasco los mantiene con las tres universidades, pero equiparar la financiación formal con la función social es, directamente, una operación de maquillaje político. Defender la universidad pública no es corporativismo: es defender un derecho de toda la ciudadanía. Y un Gobierno que no lo hace —o que lo hace a medias— está incumpliendo, aunque sea por omisión, con su responsabilidad institucional.
Presidir no es conceder un privilegio, y evitarlo no es inocente
Por eso la apertura de curso de la EHU no es un acto académico más en una agenda institucional. Presidirla no consiste en conceder un favor: consiste en reconocer una responsabilidad pública. Y no hacerlo, sistemáticamente, deja de ser un despiste protocolario para convertirse en un mensaje deliberado.
¿Que el lehendakari acuda a Deusto? Vale. ¿A Mondragón? También; hace apenas unos días el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación presidió su apertura. La cuestión de fondo es otra, y el Gobierno la esquiva: ¿por qué la universidad pública pierde ahora la consideración institucional que mantuvo durante décadas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué razón política lo justifica? El silencio con que se ha gestionado este cambio no es prudencia: es la evidencia de que no hay una respuesta presentable.
Si existe desacuerdo con el equipo rectoral, que se explique. Si hay diferencias sobre la orientación de la universidad, también. Pero una discrepancia entre un Gobierno y un rectorado de turno no puede traducirse en desvalorización simbólica de toda una institución, y hacerlo así —sin dar la cara— es una forma de gobernar de espaldas a la ciudadanía a la que se dice representar. La EHU no pertenece al Gobierno Vasco, ni al PNV, ni al equipo rectoral: pertenece a la sociedad vasca. Que el Ejecutivo actúe como si pudiera disponer de su reconocimiento institucional según le convenga políticamente es, sencillamente, una extralimitación.
No basta con envolver la decisión en el lenguaje amable del pluralismo. Si hay razones, que se digan en voz alta. Que no se digan es, en sí mismo, la respuesta.
Los símbolos hacen política. El Gobierno lo sabe, y por eso calla
La política educativa no se construye solo con leyes y presupuestos: se construye con símbolos. Con las instituciones que reciben atención preferente, con los espacios a los que se acude, con lo que se coloca en primera fila y lo que queda reducido a una cita más del calendario. Un Gobierno que entiende perfectamente el peso de estos gestos —y los usa con esta misma lógica en otros ámbitos— no puede alegar ingenuidad aquí.
Durante décadas, ciertas redes educativas fueron elevadas a emblema de la defensa del euskera y la cultura vasca. Pero el euskera no tiene propietario, ni la educación vasca tampoco. La escuela y la universidad públicas han sido —y siguen siendo— instrumentos decisivos de cohesión social y normalización lingüística. Merecen, como mínimo, la misma consideración simbólica; y que un Gobierno nacionalista se la niegue añade una capa adicional de incoherencia a la decisión.
Y el símbolo anticipa el presupuesto. Financiar contratos-programa con las universidades privadas, como se hizo también en el periodo 2023-2026, no es injustificable por definición. Pero cuando ese respaldo económico va acompañado de una promoción simbólica creciente de lo privado y de un repliegue simbólico de lo público, deja de ser colaboración y empieza a parecer una sustitución deliberada, ejecutada con la discreción suficiente para no tener que justificarla en público.
La universidad pública no pide un pedestal. Pide recursos, estabilidad, profesorado, investigación y capacidad para garantizar que nadie se quede fuera por falta de dinero. Que un Gobierno que se declara defensor de lo público le niegue incluso el gesto simbólico más básico dice más sobre sus prioridades reales que cualquier declaración institucional.
Lo personal es personal. Lo público es de todos, y no debería estar al servicio de nadie
El itinerario del lehendakari forma parte del contexto, sin necesidad de convertirlo en argumento personal. Estudió en Asti Leku, se formó en Deusto y allí desarrolló buena parte de su trayectoria docente e investigadora. Nada que objetar: es su biografía.
Precisamente por eso, la responsabilidad pública exige separar el recorrido personal de la política institucional, y no hacerlo constituye una falta de rigor difícil de disculpar en quien ocupa la máxima magistratura del país. Un lehendakari no gobierna para reproducir su propio itinerario educativo: gobierna para representar al conjunto de la sociedad. Que la agenda institucional parezca alinearse con las afinidades personales de quien gobierna es, cuando menos, un síntoma preocupante de cómo se están tomando estas decisiones.
El silencio del PSE no es neutro: es complicidad
El PSE-EE forma parte del Gobierno y se presenta como fuerza comprometida con los servicios públicos. Por eso su silencio no es neutral: es una elección, y una elección que compromete su credibilidad. No se trata de convertir cada diferencia con el socio de Gobierno en una crisis. Se trata de reconocer que hay asuntos que marcan frontera, y este es uno de ellos.
Defender lo público no es una consigna electoral: es decidir dónde se pone el foco, qué instituciones se protegen y qué mensaje se envía. Aquí el mensaje no es discutible: es un retroceso. Y quien calla ante él, gobernando además desde una supuesta tradición de defensa de lo público, no solo lo avala: lo hace posible.
Al final, la cuestión no es de protocolo: es de prioridades, y las prioridades de este Gobierno han quedado retratadas. Cuando un Ejecutivo trata como idénticas realidades que no lo son, no está siendo plural: está borrando, con toda la intención, diferencias esenciales que le resultan incómodas.
Que el lehendakari vaya a Deusto y a Mondragón: perfectamente. Pero la apertura de la universidad pública debe conservar su lugar, y no por costumbre, sino por derecho propio, porque cumple una función universal que ninguna otra institución puede sustituir. Que el Gobierno Vasco lo haya olvidado —o decidido ignorar— es una señal que la ciudadanía debería tomarse muy en serio.
Lo público no es una universidad más. Es la universidad de todos. Y un Gobierno que dice defender lo público y luego actúa así no lo está defendiendo: lo está vaciando por dentro.
Lo público no rota. Se defiende