Farah M.//
El Parlamento israelí aprobó el 28 de octubre de 2024 dos leyes cuya aplicación impedirá a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) cumplir su mandato, el de protección y asistencia a las y los refugiados palestinos.
Estas leyes prohíben a la agencia de la ONU ejercer sus misiones en el territorio controlado por Israel, en particular en Jerusalén Este ocupada, donde se encuentra la sede del organismo. También prohíben cualquier contacto entre la UNRWA y la administración israelí.
Los vínculos bancarios de la UNRWA, cuyos fondos pasan por bancos israelíes, se romperían. La agencia no podría pagar a sus proveedores y los salarios de sus empleados. Habría un cese de toda coordinación con el ejército para enviar ayuda humanitaria a Gaza. Las consecuencias tanto en Gaza como en Cisjordania serían catastróficas.
Difamación, denigración y prohibición de la UNRWA
Estas leyes son la culminación de un lento proceso de desacreditación de la UNRWA que ha adquirido una enorme magnitud después del 7 de octubre de 2023.
En enero de 2024, tan pronto como la justicia internacional admitió el riesgo plausible de genocidio en Gaza, Netanyahu acusó a una decena de empleados de la UNRWA, de los 13.000 que operan en Gaza, de haber participado en los ataques del 7 de octubre sin aportar pruebas. Esto tuvo como consecuencia una interrupción de la financiación de la UNRWA por parte de algunos países occidentales. A pesar de esta campaña de difamación, los Estados occidentales, con la excepción de los Estados Unidos, reanudaron posteriormente su financiación, tras la investigación realizada por la ONU.
En julio de 2024, se aprobó un proyecto de ley en primera lectura que clasificaba a la UNRWA como organización terrorista.
Este proyecto de ley fue descartado y los ataques se ralentizaron a finales del verano para permitir a la agencia llevar a cabo una campaña de vacunación contra una epidemia de poliomielitis que amenazaba a Gaza y que corría el riesgo de llegar a los soldados: una vez finalizada la campaña de vacunación, Israel reanudó su propaganda, concretada en octubre de 2024 con la adopción de ambas leyes.
El rechazo del derecho internacional
Las consecuencias humanitarias de la aplicación de estas leyes serían dramáticas. Sin embargo, y aunque se pueda dudar en este momento, Israel no aprobó estas leyes por puro sadismo sino siguiendo una estrategia política bien establecida.
La hostilidad hacia la UNRWA se inscribe más generalmente en una desconfianza perpetua hacia la ONU y el derecho internacional, algunas de cuyas disposiciones representan verdaderos problemas para Israel: la primera es la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de diciembre de 1948, que garantiza el derecho al retorno de las y los refugiados palestinos. Un evidente incordio para el proyecto colonial israelí.
Porque detrás de los ataques contra el UNRWA, es principalmente la cuestión de las personas refugiadas y el derecho al retorno lo que está en el punto de mira.
La negación de las personas refugiadas
En ausencia de un Estado palestino, la UNRWA sigue siendo la institución que conecta las poblaciones de personas refugiadas dispersas de las que conserva los archivos, nombres e identidades. La destrucción de la UNRWA sería un paso más en la fragmentación de la población palestina y en el borrado de cualquier futuro nacional para las y los palestinos.
Del mismo modo, al debilitar a la UNRWA, Israel espera alcanzar en su corazón la lucha por la liberación nacional del pueblo palestino. Estas luchas se anclan en los campos de refugiados: la primera intifada comenzó en el campo de Jabalia en Gaza y la segunda en el campo de Balata en Nablus. La existencia de las personas refugiadas y de los campos plantea un retorno, por lo que es obvio que las luchas nacen y continúan naciendo en los campos. Y es igualmente evidente que al debilitar a la UNRWA, que proporciona asistencia vital a las personas refugiadas, estas luchas se verían particularmente afectadas.
La mayoría de los Estados, incluso los Estados Unidos, han expresado su oposición a cualquier entrada en vigor de estas leyes. Noruega incluso anunció, al día siguiente de su adopción, la presentación de una resolución a la Asamblea General de la ONU a fin de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para que emita un dictamen sobre las obligaciones de Israel de facilitar la ayuda humanitaria a los palestinos.
L’Anticapitaliste – 728 (7/11/2024)
Traducción: F.E.