(M.Ugazaba)—
Mientras miles de personas abandonan sus hogares y el fuego avanza sin tregua por amplias zonas del Estado, el Partido Popular ha optado por un camino inquietante: relativizar el papel del cambio climático en la crisis de incendios. No es un matiz menor ni un debate técnico. Es una decisión política que, en plena emergencia, desplaza el foco de la evidencia científica hacia el terreno de la confrontación ideológica.
Con fuegos activos en Ávila, Madrid, Toledo o Castellón y más de 100.000 personas desplazadas, cabría esperar un llamamiento al consenso. Sin embargo, la dirección popular ha preferido cuestionar el vínculo entre calentamiento global e incendios, alineando su discurso —cada vez con menos complejos— con los marcos de la extrema derecha. El objetivo es transparente: desactivar el pacto de Estado propuesto por el Gobierno y reconducir la discusión hacia la “mala gestión” del Ejecutivo.
Convertir la ciencia en “mantra”
El punto de inflexión retórico lo marcó la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, al describir el cambio climático como un “mantra”. La elección de la palabra no es inocente: sugiere dogma, repetición acrítica, ideología. Es, en esencia, una forma de desacreditar décadas de consenso científico con una etiqueta política.
Este tipo de planteamientos no surgen en el vacío. Son el eco de una estrategia discursiva ya consolidada por Vox, que lleva años intentando desacoplar el debate climático de fenómenos extremos como los incendios. Que el PP adopte ahora ese lenguaje no es solo un giro táctico; es un síntoma de la creciente normalización de ese marco en el espacio conservador.
El viejo argumento de los montes “abandonados”
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las principales altavoces de esta narrativa. Desde el puesto de mando de Navalcarnero, rechazó lo que calificó como una explicación “de brocha gorda” basada en la emergencia climática y recuperó un argumento recurrente: la supuesta imposibilidad de limpiar los montes por culpa de la normativa.
El problema es que ese argumento no resiste el contraste con la realidad. La Ley de Montes vigente —aprobada en 2003 bajo un Gobierno del PP— contempla y promueve precisamente esas labores de prevención. Desbroces, podas, retirada de restos vegetales: todo ello forma parte de la gestión ordinaria. No es la ley la que lo impide, sino, en muchos casos, la falta de aplicación efectiva.
Insistir en ese relato no solo desinforma, sino que contribuye a desviar la atención de los factores estructurales que sí están documentados: el abandono del medio rural, la desaparición de usos tradicionales y la acumulación de biomasa en paisajes cada vez más homogéneos y vulnerables al fuego.
Entre la ambigüedad y el alarmismo penal
Otros dirigentes populares optan por una posición intermedia que, sin negar abiertamente el cambio climático, lo diluye en una supuesta “multicausalidad” donde todo pesa lo mismo y, por tanto, nada resulta determinante. Es una forma de neutralizar el debate sin confrontarlo directamente.
En paralelo, emerge otra línea discursiva: la del endurecimiento penal y la idea de un “terrorismo incendiario”. Desde la Comunidad Valenciana se ha insistido en este enfoque, que sugiere la existencia de redes organizadas detrás de los fuegos. Sin embargo, los datos de la Fiscalía son claros: la mayoría de los incendios responden a negligencias, accidentes o acciones individuales. Las grandes tramas criminales son, sencillamente, inexistentes.
Apelar a ellas puede resultar eficaz en términos políticos, pero contribuye a construir un enemigo ficticio mientras se elude el problema real.
La realidad incómoda
La evidencia científica es, a estas alturas, difícil de rebatir. El cambio climático no solo incrementa la probabilidad de incendios más intensos y difíciles de controlar, sino que estos, a su vez, alimentan el calentamiento global mediante la emisión masiva de CO₂. Es un círculo vicioso perfectamente documentado.
Los datos del programa europeo Copernicus lo reflejan con claridad: 2025 registró niveles récord de emisiones derivadas de incendios en España, con cerca de 19 millones de toneladas de CO₂. Además, más del 70% de los grandes fuegos se produjeron en contextos de olas de calor. No es una coincidencia. Es una tendencia.
Negar o minimizar esta relación no reduce el problema. Lo agrava.
Política frente a responsabilidad
El Partido Popular asegura tener su propia hoja de ruta, basada en un paquete de medidas presentado por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, muchas de esas propuestas coinciden sustancialmente con las del Gobierno al que critican. La discrepancia, por tanto, no parece residir tanto en las soluciones como en el relato.
Y ahí es donde se juega la partida. En un contexto de emergencia climática, elegir el enfrentamiento discursivo en lugar del consenso no es solo una estrategia política: es una forma de renunciar a la responsabilidad que exige el momento.
Porque, mientras el debate se enreda en consignas, el fuego sigue avanzando.