Los guardianes de la «República Islámica» de Irán
Ida Nikou*
A l’encontre, 31-1-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 12-2-2026
A continuación publicamos la traducción de un análisis de Ida Nikou sobre los mecanismos que condujeron a la crisis del régimen iraní, caracterizado por una intrincada relación entre el poder de los Guardianes de la Revolución, sus fundaciones y el poder teocrático que los bendice. Un régimen que se enfrenta a un aumento de las movilizaciones sociales, una explosión sin precedentes en términos sociales y geográficos que ha desembocado en una masacre monstruosa propia de un sistema de dominación dispuesto a todo para perpetuarse. Conviene recordar, a modo de introducción, la magnitud de la masacre a puerta cerrada. HRANA-Human Rights Activists News Agency, el 30 de enero, lo presenta así: «Según los últimos datos agregados de HRANA al trigésimo cuarto día desde el inicio de las manifestaciones, el número total de muertes confirmadas asciende a 6563. Entre ellos, 6170 eran manifestantes, 124 eran menores de 18 años, 214 eran fuerzas afiliadas al Gobierno y 55 eran civiles no manifestantes. Todavía se están investigando 17 091 casos. El número de civiles heridos asciende a 11 021, el número total de detenciones a 49 070, el número de detenciones de estudiantes a 80, el número de casos denunciados de confesiones forzadas a 289 y el número de citaciones por parte de las instituciones de seguridad a 11 027. Además, se han registrado un total de 660 incidentes relacionados con las manifestaciones en 203 ciudades de 31 provincias. Redacción de A l’encontre
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El 28 de diciembre de 2025, estallaron protestas en varias ciudades de Irán como respuesta al hundimiento de la moneda y a la espiral alcista de los precios al consumo. A medida que el tipo de cambio se volvía cada vez más volátil, algunos sectores del Gran Bazar y de los centros comerciales de Teherán cerraron sus puertas. La rápida evolución de los precios hizo imposibles las importaciones, la fijación de precios y el comercio.
El Estado aplicó rápidamente una medida de emergencia prevista en su presupuesto para el ejercicio 2025-2026: suprimió los tipos de cambio preferenciales para los bienes esenciales y los principales insumos de producción [tipos preferenciales que beneficiaban a fundaciones controladas por los Guardianes de la Revolución; las fundaciones en manos de estos últimos controlan sectores económicos. A l’encontre]. Los responsables presentaron esta medida como una reforma anticorrupción y prometieron una compensación directa en forma de transferencias en efectivo y ayudas específicas.
En la práctica, ese cambio aceleró el ya rápido aumento de los precios y erosionó aún más el poder adquisitivo, lo que supuso más presión para los hogares. La inflación oficial en diciembre de 2025 era de alrededor del 42 %, pero el costo de los alimentos básicos aumentó mucho más rápidamente, alcanzando el 72 % en comparación con el año anterior, lo que hizo que productos de primera necesidad como el pan y los lácteos fueran inaccesibles para gran parte de la clase trabajadora. A principios de enero de 2026, la supresión de los tipos de cambio preferenciales no había hecho más que agravar la presión sobre el consumo diario, y las protestas se convirtieron en manifestaciones masivas en todo el país, que duraron varias semanas.
No era la primera vez que los dirigentes iraníes provocaban disturbios con la introducción de medidas regresivas en nombre de la reforma. Durante la última década, los sucesivos gobiernos presentaron la liberalización de los precios y los ajustes monetarios como medidas necesarias para estabilizar los mercados y luchar contra la corrupción y los beneficios abusivos de los sectores con información privilegiada. En la práctica, esas políticas funcionaron como medidas de austeridad, transformando los programas sociales basados en servicios en ayudas financieras que pierden rápidamente su valor en un contexto de inflación crónica.
Los aumentos del precio del combustible en 2010 y luego en 2019 son ejemplos notables de esta política de choque, ya que el segundo desencadenó un levantamiento masivo contra el deterioro de las condiciones económicas. Ambas manifestaciones fueron reprimidas de forma sangrienta. La situación actual sigue la misma trayectoria, pero con mayor intensidad. En esta ocasión, las medidas de austeridad encubiertas fueron aplicadas en un contexto de protestas económicas. A mediados de enero, se estimaba que el Gobierno había matado a miles de personas y había sumido al país en un apagón indefinido de las comunicaciones (Internet y teléfono), en uno de los episodios más sangrientos de la historia de la República Islámica desde las purgas de disidentes políticos en los años 80.
La economía política de las sanciones
La mayoría de los comentarios sobre la crisis política en Irán oscilan entre dos narrativas cómodas y reduccionistas. El problema radica, o bien en la corrupción y la mala gestión, como si la economía iraní funcionara en un vacío, al margen del capitalismo mundial, o bien, haciéndose eco del discurso del Estado iraní, en las sanciones y la hostilidad imperialista, consideradas como la única causa de los problemas del país. Ambas narrativas simplifican una realidad compleja. La cuestión más relevante es cómo se han integrado las sanciones en la economía política iraní para servir a los intereses de la clase dirigente. Las sanciones no han suspendido la reestructuración orientada al mercado en Irán. La han remodelado ampliando el poder discrecional del Estado sobre el acceso a los dólares, las licencias y los contratos, y creando nuevas oportunidades de lucro para los privilegiados del régimen, todo ello bajo el pretexto de la reforma. Cualquier análisis serio de la crisis iraní debe abordar tanto el régimen de sanciones externas como el mecanismo interno que gestiona la crisis mediante la austeridad y la represión.
Las sanciones han moldeado la economía política de Irán desde 1979, con una fuerte escalada en 2012 dirigida al petróleo y las finanzas; y en 2018 tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear (cuando las sanciones fueron impuestas nuevamente) y de nuevo a finales de 2025 con el restablecimiento de las sanciones «snapback» [mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones previsto en el acuerdo de 2015] a nivel de la ONU y la UE. En los últimos 15 años, estas medidas punitivas se han traducido en una inflación crónica, el colapso de los salarios reales y una crisis creciente de la reproducción social. Desde finales de 2017, las luchas por las condiciones de vida han desembocado en varias ocasiones en conflictos sociopolíticos abiertos, desde el levantamiento de 2017-2018 hasta las manifestaciones contra el aumento del precio del combustible en 2019, pasando por movilizaciones descentralizadas recurrentes en los lugares de trabajo y en las comunidades. También continuó una ola de protestas sindicales que dura ya desde hace una década, con la movilización de profesores, jubilados y trabajadores contratados del sector petrolero y petroquímico en torno a los contratos, los salarios, las pensiones y el costo de la vida. [A esto hay que añadir, como describe Nima Shokri, profesor de la Universidad de las Naciones Unidas, en un artículo reciente —The Conversation, 26 de enero—, las profundas crisis estructurales y medioambientales que se traducen, entre otras cosas, en la escasez de recursos hídricos, la disminución masiva de la productividad de la tierra y las interrupciones en las redes energéticas. A l’encontre].
Las sanciones no solo contribuyeron a la crisis mediante la reducción de los recursos. También redefinieron quién se beneficia de ellos y cómo. Al crear una escasez de divisas fuertes y bloquear los pagos transfronterizos habituales, empujaron el comercio hacia circuitos opacos, debilitaron la moneda y provocaron una inestabilidad cada vez mayor en los precios de los productos básicos. Uno de los resultados es lo que muchos en Irán denominan «la economía de la confianza», en referencia a la expansión de los intermediarios que mantienen las exportaciones, en particular el petróleo, eludiendo las restricciones bancarias y del SWIFT [la red segura de mensajería financiera internacional]. Estos intermediarios, a menudo vinculados a redes estatales o cuasi estatales, lucran con comisiones, márgenes sobre los tipos de cambio y de control del momento en que se realizan los pagos, en particular retrasando o reteniendo los ingresos por exportaciones que, en principio, deben repatriarse al país. Desde 2018, las declaraciones oficiales han afirmado en varias ocasiones que una parte importante de las divisas procedentes de las exportaciones no ha sido repatriada, con algunas estimaciones que alcanzan el 30 %, lo que supone decenas de miles de millones de dólares.
Un mecanismo similar, pero independiente, funciona dentro de la economía nacional. El Estado ha tratado de gestionar la volatilidad mediante tipos de cambio múltiples, divisas preferenciales y autorizaciones de importación discrecionales, convirtiendo así el acceso a las esferas políticas en una fuente de beneficios. Cuando las divisas fuertes escasean, el régimen de asignación del Estado canaliza los dólares subvencionados y las licencias de importación a través de un control institucional que favorece de manera predecible a las empresas con vínculos políticos, creando así oportunidades lucrativas para aquellas que están más cerca de esos cuellos de botella.
El escándalo de la empresa Debsh Tea es un ejemplo flagrante de lo dicho anteriormente. Entre 2019 y 2022, Debsh Tea Company, un importador y productor privado, recibió miles de millones de dólares en divisas preferenciales destinadas a importaciones esenciales. A finales de 2023, los organismos de supervisión iraníes y los informes relacionados con el poder judicial afirmaron que una parte importante de esas divisas subvencionadas no se había utilizado para las importaciones declaradas, sino que se había desviado hacia transacciones en el mercado libre, convirtiendo el acceso a dólares baratos en un beneficio rápido al aprovechar la diferencia entre los tipos de cambio preferenciales y los del mercado. Las sumas declaradas, que ascendían a más de 3000 millones de dólares, eran lo suficientemente importantes como para cubrir varios años de demanda nacional de té o financiar importantes inversiones públicas.
No todos los casos aparecen en los titulares de los periódicos nacionales, pero el mecanismo es bien conocido. Ya han salido a la luz escándalos similares tras las auditorías, relacionados con el acceso preferencial a divisas extranjeras que no correspondían a los registros de importación verificados ni a ninguna devolución de dinero documentada. Un ejemplo muy citado es el litigio ante el Tribunal Supremo de Auditoría relativo a 4800 millones de dólares de divisas preferenciales que habrían sido pagados a importadores sin que hubiera ninguna importación correspondiente documentada.
Cuando la crisis de legitimidad consiguiente se vuelve intolerable, el Estado pone en marcha medidas correctivas que se presentan como reformas anticorrupción. En la práctica, esas políticas refuerzan la austeridad y provocan choques repentinos sobre los precios. La política sanitaria es un claro ejemplo de ello. La denominada reforma Darooyar, una revisión de las subvenciones para medicamentos en 2022, puso fin a las divisas extranjeras preferenciales para los medicamentos y transformó la subvención en un sistema de reembolso basado en seguros. En teoría, los pacientes pagarían menos en la farmacia, mientras que las aseguradoras y el Estado cubrirían la diferencia. En la práctica, la cadena de financiación nunca se estabilizó: los retrasos en los reembolsos y la escasez de liquidez aumentaron los gastos a cargo de los pacientes y crearon diferencias persistentes en el acceso a la atención sanitaria, tanto para los pacientes como para las farmacias. Al mismo tiempo, el Gobierno sacó provecho de las ganancias fiscales relacionadas con las variaciones del tipo de cambio, y los bancos se beneficiaron del hecho de que los proveedores y los importadores recurrieron en mayor medida a préstamos costosos. La política en materia de combustible siguió un patrón similar. Los aumentos de precios se justifican como una forma de financiar una redistribución selectiva mediante transferencias en efectivo, pero estas transferencias pronto quedaron rezagadas con respecto a la elevada inflación, lo que obligó a los hogares a absorber la creciente diferencia entre lo que recibían y el costo real del combustible.
La respuesta general del Estado a la crisis presupuestaria provocada por las sanciones sigue un camino bien conocido. En lugar de cumplir sus obligaciones mediante una financiación pública estable, el Estado ha recurrido a la privatización, al canje de deuda por activos y a programas de «utilización productiva» (Movaledsazi) que transfieren los activos públicos al sector privado. El sistema de pensiones es un ejemplo notable. En lugar de pagar su deuda con la seguridad social en efectivo, el Gobierno ha transferido cada vez más acciones de empresas públicas, lo que ha obligado al sistema de pensiones a financiar las prestaciones mediante dividendos, ventas de activos y rendimientos de inversiones. Esta política transfiere el riesgo a los jubilados al vincular sus medios de subsistencia al rendimiento del mercado y a la inflación, en lugar de hacerlo en base a derechos estables.
El resultado es una economía política sumisa en la que la austeridad se convierte en una herramienta de gobernanza y la escasez genera beneficios para quienes disfrutan de un acceso privilegiado. En lugar de proteger a los hogares con prestaciones sociales, las llamadas reformas anticorrupción transfieren los costos y los riesgos hacia abajo mediante la devaluación y la supresión de las subvenciones, al tiempo que preservan los sistemas de asignación que favorecen a las élites bien conectadas. Este modelo se observa ampliamente en los análisis de la desigualdad y la distribución realizados durante la época de las sanciones. Según estimaciones oficiales recientes (véase el artículo sobre las sanciones de Esfandyar Batmanghelidj y Zep Kalb, en Jacobin del 28-8-2023), la pobreza afecta a aproximadamente un tercio de la población; del mismo modo, el Banco Mundial estima que cerca de 10 millones de personas han caído en la pobreza durante la última década.
La redistribución hacia abajo se observa en la rapidez con la que los choques económicos se propagan desde el centro comercial hacia las ciudades y provincias periféricas, así como en las formas de indignación que suscitan. En las regiones del oeste de Irán, marginadas durante mucho tiempo, en ciudades como Abdanan, la crisis golpeó antes y con más fuerza que en muchas provincias centrales, dejando tras de sí una profunda falta de inversión, una alta tasa de desempleo y una pobreza endémica. Durante la reciente ola de protestas, los manifestantes asaltaron un supermercado y rompieron bolsas de arroz, dejando caer los granos por el suelo y la calle en lugar de llevárselos. A finales de diciembre, una bolsa de arroz de 10 kg se vendía por varios millones de tomans, el equivalente a un mes de salario mínimo. Así pues, ese gesto no fue tanto un robo sino más bien un rechazo y una repulsa pública de un sistema que convierte un producto básico en un lujo y exige a la gente que acepte la humillación como una sumisión cotidiana.
Cuando la crisis se gestiona mediante transferencias drásticas en lugar de una redistribución equitativa, la política pasa a formar parte del problema, creando un círculo vicioso. A medida que se intensifica la inestabilidad económica, el Estado reacciona con nuevas medidas de austeridad presentadas como reformas. Los hogares no perciben estas medidas como una solución, sino como una transferencia de costos que agrava la crisis de la subsistencia cotidiana. Las vías habituales para presentar quejas y de mediación pierden su credibilidad. Los ciudadanos pueden presentar peticiones a los responsables y a las instituciones, pero esas mismas instituciones son las que aplican las reformas perjudiciales o no tienen poder para revertirlas. A medida que se erosiona esa legitimidad, la presión se acumula hasta que un elemento desencadenante transforma las dificultades económicas en un movimiento de protesta nacional. Una vez que la protesta desborda los canales institucionales, el Estado la trata cada vez más como un disturbio del orden público. Con menos mecanismos de integración creíbles, la represión se convierte en algo corriente, ya que es la única herramienta que queda para mantener el control.
Señales externas, escalada interna
Lo que hizo que esta ola de levantamientos fuera más mortífera fue la interacción entre la escalada externa e interna. Los iraníes no necesitaban estímulos externos para salir a la calle: el hundimiento de la moneda, los salarios que no correspondían con la inflación y el deterioro de las condiciones de sobrevivencia cotidianas eran condiciones suficientes para desencadenar la revuelta. La escalada externa aumentó más bien el costo de la protesta de una manera diferente, no tanto a través del apoyo material como a través del discurso y las señales. Cuando los responsables estadounidenses e israelíes presentan las manifestaciones como un escenario de guerra y un cambio de régimen, al Estado le resulta más fácil enmarcar la protesta masiva como una amenaza para la seguridad y responder a la misma con una represión de tipo contrainsurgente.
Las figuras de la oposición en el exilio, en particular el pretendiente al trono, Reza Pahlavi (hijo del sha de Irán derrocado durante la revolución de 1979), trataron de presentar el levantamiento como un movimiento de transición y llamaron a la escalada, en particular solicitando en repetidas ocasiones una intervención extranjera para facilitar el regreso de Pahlavi como líder nacional. Al mismo tiempo, los responsables estadounidenses e israelíes aludieron públicamente a su propia implicación, alardeando de sus recursos sobre el terreno (Times of Israel, 3 de enero de 2026, declaración de Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump I), hablando con desenvoltura de armar a los manifestantes y prometiendo que «la ayuda está en camino». Su postura no hace más que reforzar la afirmación propagandística del Estado de que la protesta es una operación extranjera. Los responsables iraníes, por su parte, presentaron las manifestaciones como una prolongación de la guerra de 12 días con Israel [y también con Estados Unidos] en junio de 2025.
Ello da lugar a un doble discurso que beneficia a todos menos a los iraníes comunes y corrientes. Por un lado, las señales externas transforman la verdadera protesta popular en un campo de batalla indirecto, donde la muerte se convierte en un daño colateral en el camino hacia el cambio de régimen. Por otro lado, la República Islámica considera que toda retórica de cambio de régimen es prueba de que los manifestantes son terroristas, espías y agentes enemigos, en lugar de ciudadanos con reivindicaciones legítimas. En este sentido, la respuesta del Estado iraní y la política de las potencias externas comparten una característica fundamental: ambos consideran que la vida de los iraníes es sacrificable en aras del poder y el lucro.
Es cierto que, por el momento, las manifestaciones han sido reprimidas de forma masiva, pero las condiciones que las generaron siguen sin cambiar. Nada indica que el Estado sea capaz o esté dispuesto a emprender las reformas estructurales y sociales necesarias para resolver de manera fundamental la crisis de la supervivencia cotidiana. Dado que no puede levantar directamente las sanciones, ha mostrado poco interés en reducir la exposición de las familias a la inflación, luchar contra la precariedad de las condiciones de vida o restablecer un mínimo de credibilidad en materia de protección social y representación. La inestabilidad monetaria y la volatilidad de los precios se consideran cada vez más como condiciones normales, y no como emergencias que deban resolverse. Con cada ciclo de austeridad seguido de manifestaciones, la crisis se agrava y el uso de la fuerza bruta y masiva se convierte en el método de control por defecto. El futuro es incierto, pero la dirección a seguir no lo es. Mientras la crisis siga gestionándose con austeridad y balas, y mientras las potencias extranjeras sigan tratando las vidas de los iraníes como instrumentos de presión y cambio de régimen, los costos seguirán aumentando y continuarán muriendo más personas.
-Artículo original publicado en MERIP, Middle East Research and Information Project, 29-1-2026
*Ida Nikou es doctora en Sociología por la Universidad de Stony Brook y estudia cómo las sanciones, la austeridad y la reestructuración financiera están remodelando el trabajo, el bienestar y el poder del Estado en Irán.