//Denuncian que decenas de personas se ven obligadas a vivir y dormir en la calle en condiciones inhumanas en Navarra//
Las entidades sociales abajo firmantes denunciamos que decenas de personas este año vuelven a verse obligadas a vivir y dormir en la calle en condiciones inhumanas, situación que se agrava con la llegada de la ola de frío. A nuestra indignación de ver cómo un año más vuelve a repetirse esta situación, se une la confirmación de que las normas de acceso a recursos, decididas por las instituciones, dejan fuera a muchas personas, que se ven empujadas a seguir viviendo en la calle. Un ejemplo de ello, es la exclusión de aquellas personas que no tienen la posibilidad de demostrar un tiempo de residencia de un año. Es necesario superar todo esto, y garantizar los derechos básicos de todas las personas, independientemente de su situación. Se trata de reconocer a todas las personas como sujetos de derechos. A todas sin excepción. No de redefinir a voluntad de la administración de turno quién merece poder vivir de manera más o menos digna, generando agravios y cronificando la exclusión.
La dimensión del problema va en aumento. A quienes se encuentra ahora mismo en situación de calle, sin ningún tipo de acceso a un techo y a alimentación, y cuya situación se está cronificando, hay que añadir el empobrecimiento generalizado que está sufriendo la población. Tanto por un mercado de vivienda cada vez más inaccesible, como por situaciones laborales cada vez más precarias. Mientras tanto, vemos como los derechos básicos en lugar avanzar están retrocediendo.
Ante esta situación de violencia estructural, nos preocupa que tanto desde las instituciones, como desde el comunicado recientemente presentado por trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Pamplona, se desvíe el foco hacia el señalamiento de los acompañamientos y la labor de los colectivos y entidades sociales.
La realidad que llega a los Servicios Sociales no es la realidad completa que existe a día de hoy. Las barreras y laberintos burocráticos que imponen las instituciones se encargan de excluir a cada vez más personas a las que no se les reconoce como sujetos de derechos. Por ello, reivindicamos la importancia de los acompañamientos como medio para paliar la desigualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.
A partir de aquí, rechazamos firmemente cualquier agresión, amenaza o presión que se haya podido realizar a profesionales en el ejercicio de su labor. Y con la misma firmeza defendemos el derecho de todas las personas a acudir a los Servicios Sociales acompañadas por personas de su confianza. El respeto y el buen trato tanto a estas personas como a las profesionales y voluntarias es fundamental. Y ante todo, ha de ponerse en el centro a las personas que acuden a los Servicios Sociales, que son la parte más débil y la razón de ser del sistema de protección social.
En este mismo sentido, debemos defender el derecho a organizarse y protestar fuera de los cauces institucionales, tanto de las personas en situación de exclusión social, como de colectivos y entidades sociales. Además, defendemos que el derecho de protesta no está reñido con los derechos de las trabajadoras sociales. De hecho, debemos tender la mano a la preocupación de las mismas, y seguiremos trabajando para que estos derechos no sean incompatibles. Sin embargo, la forma en que estos derechos convivan no puede ser decidida e impuesta por las instituciones. Y en ningún caso pueden ser medidas centradas en la criminalización, la represión y la securitización.
Vemos como en el actual modelo social, estas instituciones no pueden garantizar el bienestar de toda la población, ya que funcionan en base a criterios excluyentes y recursos limitados. Por tanto, no podemos otorgar a la administración el papel de «mediador neutral». Es decir, es necesario que agentes y colectivos planteen una lucha desde fuera de los cauces institucionales. Que ejerzan presión para denunciar la exclusión, los abusos y las realidades invisibilizadas, y para conseguir mejoras más allá de lo que la política institucional ofrece. A nadie se le ocurriría que la patronal no tuviera un contrapeso en los sindicatos
Con todo ello, el problema de fondo ante el que nos encontramos es la violencia estructural, la situación de desamparo y vulneración de derechos que sufren un número creciente de personas en situación de calle.
Esta situación es la que tensiona a las personas usuarias, a profesionales y voluntarias. Y todas podemos cometer errores. Reconocerlo es un buen punto de partida para establecer un diálogo constructivo y superar las tensiones que se puedan producir.
Alojamiento, alimentación, higiene, empadronamiento y atención social son prestaciones garantizadas según la cartera de Servicios Sociales que las instituciones responsables han de prestar obligatoriamente y no lo hacen, vulnerando los derechos de personas en situación de exclusión social.
Por todo ello, exigimos al Gobierno de Navarra que asuma su responsabilidad y garantice de inmediato el alojamiento y alimentación de todas las personas en situación de calle, y que para ello habilite y disponga todos los recursos disponibles, tanto habitacionales como comedores sociales. Además, exigimos el diseño de un programa integral con implantación en todo el territorio que garantice los derechos mínimos de todas las personas, y que permita hacer frente a la realidad actual, sin excluir a nadie.
Asimismo, exigimos al Ayuntamiento de Pamplona y a los Ayuntamientos de la comarca que garanticen y hagan efectivos el empadronamiento y la cobertura a las personas sin hogar, con independencia del tiempo que lleven residiendo en Pamplona o en el municipio correspondiente.
Somos conscientes de que el problema va más allá del protocolo de la Ola de Frio y que, como hemos mencionado antes, hay muchos condicionantes que provocan que la gente tenga que vivir en la calle. Pero no podemos mirar a otro lado, ni evitar indignarnos, cuando el Gobierno de Navarra no es capaz de garantizar ni tan siquiera los derechos más mínimos, dejando a decenas de personas en situaciones miserables.
Pamplona-Iruña, 11 de febrero de 2025.
Apoyo Mutuo, Haritu, Salhaketa Nafarroa, Elkarte, Lantxotegi, Punto de Información para personas Migradas (PIM), Sindicato de Vivienda Sozialista Iruñerria, Oxfam Intermon, Dar Etxea y SOS Racismo Nafarroa.