M.Labeaga//---
Las izquierdas “progresistas” prometen ampliar la democracia cuando lleguen al Gobierno. Lo que hacen, con demasiada frecuencia, es administrar su retroceso.
La frase es de Lampedusa; el grafiti, de mayo del 68: si queremos que todo siga igual, hay que cambiar algo. Durante décadas, la alternancia electoral se vendió como ese "algo". La derecha recorta, la izquierda corrige. Votar cada cuatro años bastaría para reparar los excesos del poder.
Mi tesis es otra, y el sostengo sin rodeos: ese relato se ha agotado. No porque la izquierda no haya hecho nada —lo ha hecho, y hay reformas sociales que no voy a negar—. Se ha agotado porque, allí donde más costaba, en los tribunales, en las fronteras, en el derecho a protestar, en la pluralidad territorial, los gobiernos progresistas han terminado administrando las mismas estructuras que prometieron transformar..
No es que todos los gobiernos sean iguales. Es que la pregunta que hay que hacerse ha cambiado: no cuánto ha corregido la izquierda de la derecha, sino cuánto ha conservado intacto de aquello que decía venir a derribar.
Los hechos son tozudos
Mitterrand llegó prometiendo cambiador de vida y abrazó la austeridad. SYRIZA convocó el referéndum que la Troika le exigía no celebrar; el 61% de Grecia votó NO y días después Tsipras firmaba un rescate más duro que el rechazado en las urnas. Obama prometió cerrar Guantánamo en su primer año y nunca lo cerró, mientras su Administración deportaba a millones de personas. Y la secuencia continúa en el presente: socialdemocracias europeas que soportan la migración, restringen la protesta y adoptan el lenguaje de la derecha dura con la esperanza de desactivarla..
Esto no es una acumulación de anécdotas. Es un patrón. Y los patrones exigen una explicación política, no excusas de coyuntura.
Los pactos de cúpula: la ciudadanía de espectadora
En España, esta contradicción tiene una cara especialmente nítida: el Consejo General del Poder Judicial.
El modelo de mayorías de tres quintos ha convertido la renovación del CGPJ en una partida de reparto entre cúpulas, con la ciudadanía reducida a espectadora de una negociación entre los dos grandes partidos sobre quién coloca más nombres. La ley lo justifica como fórmula de convergencia. Yo lo veo de otra manera: no conozco ninguna definición seria de regeneración democrática que consiste en repartirse los órganos del Estado entre aparatos partidistas..
Una izquierda que se dice transformadora debería estar en el origen de una reforma que devuelva la legitimidad a la justicia, no en la firma de un pacto que blinda el statu quo. Prometió democratizar el Estado y, cuando llegó al Gobierno, se limitó a ocupar las mismas habitaciones..
Melilla: la frontera como zona de excepción
El 24 de junio de 2022, al menos 23 personas murieron en la valla de Melilla; los expertos de Naciones Unidas elevaron la cifra a 37. Human Rights Watch denunció la ausencia de una investigación creíble y las devoluciones sumarias de cientos de personas.
Aquello debía ser un punto de inflexión. No lo fue. España mantuvo su política de cooperación migratoria con Marruecos y votó a favor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con sus procedimientos fronterizos acelerados y su arquitectura de contención..
Puede debatirse legítimamente cómo gestionar las fronteras. Lo que no admite justificación desde cualquier política que se diga de derechos es que la frontera se convertirá en una zona de excepción moral, un territorio donde algunas vidas quedan fuera del campo de lo exigible. Quien acepta eso, gobiernen quien gobierne, ha adoptado ya la lógica que criticaba.
La amnistía y la aritmética
Ocurre algo parecido con la cuestión territorial. La izquierda española sostuvo durante años que el conflicto catalán debía resolverse por la vía del diálogo, y el Estado respondió con el 155, la judicialización del desafío y heridas que siguen abiertas. Después llegó la amnistía, necesaria y largamente demorada. Pero conviene no maquillar su origen: no fue fruto de una convicción democrática madurada, fue producto de la aritmética parlamentaria..
Y esa diferencia importa. Porque si los derechos solo se reconocen cuando los números obligan, no estamos ante una cultura política transformadora sino ante una gestión que se mueve cuando ya no tiene alternativa. Mientras tanto, el espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas quedó sin la respuesta institucional que exigía. De la "ruptura" prometida, ni rastro.
La ley que nunca se deroga
Y luego está el símbolo más elocuente: la Ley de Seguridad Ciudadana. La llamada Ley Mordaza, aprobada por Rajoy en 2015, sigue en vigor una vez años después. Se prometió derogarla. Después se anunció su reforma. Después se discutieron modificaciones. La Ley Orgánica 4/2015 sigue en el BOE.
No es una norma menor: regula la protesta, las sanciones y el ejercicio cotidiano de los derechos. Si una izquierda gobernante no es capaz de derogar una ley represiva emblemática, ¿qué estructura fundamental va a ser capaz de tocar? Aquí se ve con crudeza el mecanismo completo: la derecha aprueba la restricción, la izquierda promete eliminarla, pasan los años y la restricción permanece.
El desencanto no nace de la nada: se fabrica
La extrema derecha no crece únicamente porque existe. Crece también cuando la gente deja de creer que las instituciones puedan cambiar sus vidas. Cuando vote no basta. Cuando protestar se convierte en un problema. Cuando se pide paciencia mientras las estructuras permanecen intactas.
Esa frustración no oleada del vacío: se fabrica también desde la decepción. Y la izquierda institucional tiene ahí una responsabilidad que no puede esquivar señalando siempre a la derecha. Porque si quienes prometieron transformar el sistema terminan administrándolo, el desencanto no desaparece: cambia de dirección. Y hoy esa dirección alimenta precisamente a quienes quieren demoler los derechos que aún quedan.
Cambiar de Gobierno no es cambiar el poder
Aquí está la trampa de la alternancia entendida como único horizonte de cambio. Unas elecciones cambian gobiernos; no cambian, por sí solas, las estructuras de poder. Change ministros no transforma los aparatos del Estado. Cambiar discursos no democratiza las instituciones. Cambiar mayorías no modifica la relación entre ciudadanía y poder económico.
Democracia es algo más que votar cada cuatro años: es capacidad real de controlar a quien gobierna, derecho efectivo a protestar, poderes judiciales y económicos sometidos a escrutinio, memoria, pluralidad, derechos que no dependen de la coyuntura parlamentaria. Una democracia que solo permite elegir quién administra las mismas estructuras convierte la alternancia en ficción.
Por eso no creo que la respuesta sea pedir a la sociedad que vote cada vez con más miedo, ni defienda que cualquier alternativa es peor. La respuesta pasa por recuperar la política como herramienta de transformación: no para cambiar un Gobierno por otro, sino para cambiar la relación entre la ciudadanía y el poder..
Cambiar los nombres no basta. Cambiar los gobiernos no basta. Si las reglas del poder permanecen intactas, el cambio es escenografía.
Lo que en mayo del 68 fue un grafiti irónico, hoy corre el riesgo de convertirse en balance:
cambiarlo todo para que nada cambie.