TOMADO VIENTO SUR
El pasado lunes 3 de marzo el Gobierno Vasco y 9 entidades financieras presentaron la Alianza Financiera Vasca, nueva fórmula de colaboración público-privada para movilizar 4.000 millones durante la presente legislatura en favor de la transformación industrial de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). El anuncio se produce en un contexto global especialmente convulso y vulnerable, donde se hace más evidente la progresiva desindustrialización de la matriz económica vasca.
Más allá de la buena noticia que supone que las instituciones muevan ficha en defensa de un sector tan estratégico –las críticas sobre su inacción y dogmatismo neoliberal se han extendido en los últimos años, siendo casos como Euskaltel, Mecaner y Guardian Glass solo algunos botones de muestra–, son varias las alertas que genera este instrumento en lo referente a su identidad y eficacia real, al menos en lo que hasta ahora ha trascendido.
La primera alerta se refiere a la propia naturaleza del instrumento, una Alianza Público-Privada (APP) de manual neoliberal, tan clásica por estos lares, en la que el objetivo no consiste en intervenir en el mercado, sino únicamente atraer inversiones y mitigar riesgos privados sin ningún tipo de contraprestación.
De este modo, parece renunciarse a cualquier tipo de dirección estratégica de las inversiones hacia sectores clave –el relato oficial habla de una mezcolanza de tecnología, industria, ciencia, energía, emprendedurismo, etc. sin definición concreta alguna–; también se huye del establecimiento de condiciones laborales, sociales y ecológicas en el desarrollo de las actividades empresariales financiadas, así como de la puesta en marcha de garantías de cumplimiento internacional de los derechos humanos –como por ejemplo impedir la financiación de casos como la ilegal participación de CAF en la construcción del tranvía de Jerusalén–; y, por supuesto, ni atisbo alguno de aprovechar esta inyección de fondos para avanzar en la propiedad y control público sobre iniciativas económicas fundamentales.
Aunque es cierto que la política europea de defensa de la competencia –tan del gusto del PNV, por otro lado– y el estrecho marco competencial autonómico limitan la agencia económica institucional, ni siquiera parecen plantearse vías posibles de mayor regulación e intervención pública, claves políticas en boga hoy en día que solo los muy cafeteros parecen no dispuestos a ensayar.
Esta APP inercial y poco adaptada al contexto global va estrechamente unida a una segunda alerta: existen grandes dudas de que una política industrial basada fundamentalmente en la financiación pueda enfrentar la realidad de un capitalismo en estancamiento secular y que adolece de sobrecapacidad. No es precisamente la posibilidad de endeudamiento la que ha impedido el desarrollo industrial en los últimos años, sino la falta de expectativas de ganancia. De este modo, nuevas inyecciones financieras quizá pudieran movilizar ciertas inversiones, sí, pero también servir como fórmula especulativa o de simple sostenimiento de posiciones empresariales. La política económica milmillonaria de Biden en EEUU en favor de la economía verde, por ejemplo, mucho más ambiciosa que esta Alianza, generó cierta acumulación de capital pero, sobre todo, inflación y encarecimiento de la canasta básica.
Una tercera alerta se refiere al objeto de la financiación, dentro de un marco completamente indefinido y sin garantía explícita alguna de dirección estratégica. En este contexto, y dada la proyección que está tomando la industria militar a escala europea como espacio de capitalización –con el aplauso indisimulado del Vicelehendakari Mikel Torres del PSE y Zedarriak, entre otros–, ¿podríamos estar asistiendo, entre otras metas diversas, a la creación de un instrumento para la guerra, en defensa de las 200 empresas que en la CAV tienen en la actualidad un vínculo militar, como afirma Gasteizkoak? No sería ni mucho menos descartable.
Por último, destacamos una cuarta alerta: la paradójica facilidad para movilizar recursos en favor del poder corporativo, mientras sectores sociales fundamentales se mantienen en lógicas de estancamiento y desinversión. La Alianza contará con 1.000 millones de dinero público y se modificarán de urgencia los presupuestos de 2025 para inyectarlos desde este mismo año. Por el contrario, un ámbito clave como Osakidetza, el sevicio vascp de salud, aquejado de un círculo vicioso de desinversión –especialmente en atención primaria y servicios de salud pública–, listas de espera, precarización y temporalidad laboral, lesión sobre el derecho a la salud, y crecientes asimetrías de clase, raza y género… ve cómo su presupuesto para el ejercicio vigente es el más bajo en términos porcentuales respecto al PIB de los últimos 6 años, a partir de una apuesta política que desdeña el aumento de la inversión pública y se centra en la eficiencia en la gestión de los recursos existentes.
En definitiva, necesitamos una política industrial, sí. Pero con una mirada integral, adaptada realmente al contexto actual, sin fanatismos neoliberales y, especialmente, inserta en un proceso de planificación ecosocial que transforme el muy vulnerable metabolismo económico y energético de Euskadi.
Frente a instrumentos financieros aislados y alianzas público-privadas injustas y trasnochadas, deberíamos desarrollar estrategias basadas en planificaciones audaces, que reconviertan sectores vulnerables desde claves democráticas y populares, que dirijan estratégicamente las inversiones en claves ecosociales, y que permitan el avance de la propiedad pública empresarial en beneficio de todos y todas.
Gonzalo Fernández, Gorka Martija y Juan Hernández (OMAL-Paz con Dignidad)