Publicado en https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2026-11-09/hemeroteca_articles/la-huelga-general-y-el-derecho-a-la-vivienda-de-las-personas-inmigrantes-y-o-racializadas
(Pedro Ibarra Güell y Alberto Nadal Fernández
Miembros de Ongi Etorri Errefuxiatuak)
En el planteamiento de las huelgas generales del próximo día 11 están una serie de reivindicaciones, defendidas con mayor o menor entusiasmo por según qué sindicatos, en el sentido de prohibición de desahucios, poner coto a los fondos de inversión, crear instituciones financieras públicas, regular los precios y ampliar el parque público de alquiler, plantear que se tomen medidas fiscales. Se añaden temas como salarios dignos que puedan evitar la pobreza de la gente que con un trabajo tiene que pagar hipotecas o alquileres. Las centrales sindicales no estatales exigen también para Euskal Herria la soberanía en este tema. Desde el punto de vista de la mayoría de las clases populares de este país esas reivindicaciones son fundamentales y está claro que hay que luchar por ellas.
Sin embargo, como nos ha demostrado el mediático caso del desalojo de una familia de ocho miembros en Vitoria, el pasado 23 de octubre, la falta de medios económicos no es el único obstáculo para conseguir alquilar una vivienda. Otro es un fenómeno desarrollado a escala masiva y que no acaba de ser denunciado ni atacado suficientemente: el racismo inmobiliario, es decir, la discriminación en el acceso a la vivienda basada en el origen étnico, racial, nacional o cultural de una persona. En un informe de SOS Racismo sobre el racismo inmobiliario en Bizkaia se escribe:
“ ..el derecho a una vivienda digna no depende solo del mercado o de la oferta, sino también de las relaciones de poder y los imaginarios sociales que determinan quién merece un hogar, quién inspira desconfianza y quién es sistemáticamente desplazado o desplazada hacia los márgenes. No se trata solo de muros físicos, sino también simbólicos, administrativos y sociales, que se levantan en torno a cuerpos marcados por el racismo”. Estos muros existen con conocimiento generalizado y las instituciones públicas se encogen de hombros. Según dicho informe, “más del 70% de las personas que realizaron alguna gestión en el último año reportan haber sufrido discriminación por su origen racial o étnico”. Añaden que “en 2024, hasta el 99% de las inmobiliarias encuestadas en Madrid y Barcelona aceptan exigencias discriminatorias por parte de propietarios tales como “no alquilar a extranjeros””.
En esta huelga por la vivienda pensamos que se da un momento adecuado para exigir un cambio social sustancial, en las distintas dimensiones de vida, de las personas inmigrantes y/o racializadas. Las instituciones deben tomar medidas para lograr que en todas las dimensiones de la vida haya unas normas jurídicas que impulsen la igualdad real de toda la ciudadanía, normas que garanticen que no hay discriminación por razones de género, origen, color de la piel o religión. Y que sancionen a quienes realicen acciones discriminatorias. Y deben trabajar para que esas normas se apliquen.
Asuntos todos estos que en el mejor de los casos se mencionan de pasada en las actuales movilizaciones. Queremos mencionar también algo que parece desligado de este tema: el empadronamiento. Los, en muchos casos, años pasados sin empadronamiento significan un lastre a la hora de acceder a una vivienda de protección oficial para muchas personas migrantes. Y lo más duro es que los ayuntamientos tienen en sus manos las herramientas para solucionar inmediatamente este problema y no las utilizan.
Creemos que los sindicatos y movimientos que están liderando las movilizaciones del día 11 en las acciones colectivas deberían añadir una referencia a esta demanda de supresión de todo atisbo de racismo a la hora de acceder a la vivienda. Asimismo Ongi Etorri Errefuxiatuak y otras organizaciones relacionadas con al apoyo a las personas migrantes pensamos participar también en las acciones colectivas con esta referencia específica.
No es solo el gobierno central el que debe tomar medidas para resolver el problema de la vivienda. El gobierno vasco y el navarro tienen competencias fundamentales para resolverlo. Y no solo las instituciones. El conjunto de la sociedad tiene que cambiar unos hábitos, algunos anclados desde siglos, que significan un freno para la construcción de una sociedad justa. Esperamos que esta Huelga General el 11 N les/nos haga reflexionar y tomar un camino diferente del actual.