1.- Estamos ante uno de los mayores problemas sociales y democráticos de la sociedad española. El Sistema Nacional de Salud (SNS) está al límite porque los gobiernos han impulsado o permitido que, el sector privado, esté apropiándose o gestionando uno de los mejores patrimonios públicos. Además, el asalto a lo público, se ha llevado a cabo mediante un sistema corrupto de adjudicaciones, concursos, prebendas, convenios, concesiones o donaciones; siempre de espaldas a la población y a favor del sector privado.
No es mi intención hacer aquí un exhaustivo repaso, basta con tomar como ejemplo lo que ha pasado en los últimos días. El escandaloso asunto del Hospital de Torrejón donde el CEO de Ribera Salud fue “cazado” diciendo a un grupo de consejeros que apliquen una especie de “código empresarial secreto”, basado en seleccionar los pacientes en función de la rentabilidad económica.
Tampoco ha resultado extraño el comportamiento del Gobierno de Isabel Diaz Ayuso afirmando que, todo lo que ha pasado, se resume en una presunta conspiración del diario El País y los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid.
Lo extraño hubiera sido lo contrario. Pero es imposible que eso ocurra. Es de sobra conocida la noticia de que la pareja de Isabel Diaz Ayuso (Alberto González Amador), mantuvo turbios negocios con altos directivos del grupo empresarial Quirón Salud propietario o gestor de cuatro hospitales dentro de la red pública del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), entre los que se cuenta la Fundación Jiménez Diaz. A su vez, la propia presidenta de la CAM, pagó unos 5.000 millones de euros al grupo Quirón como liquidación de seis años (2019/2024) de actividad sanitaria, que sumados a lo que pagó a Ribera Salud aumentaron la cuenta de resultados de estas dos empresas en 2.354 millones de euros. Llueve sobre mojado.
¿Quién puede tener dudas del negocio que las empresas tienen a costa de la sanidad pública? Lo explicó perfectamente con pelos y señales Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira que fue gestionado por Ribera Salud y rescatado, finalmente, por el gobierno de izquierdas en el País Valenciano. Estas fueron sus palabras: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el modus operandi”.
El argumento más utilizado por algunos dirigentes del PP, ante los casos de corrupción en la sanidad, es que se trata de hechos aislados. Falso. El “modus operandi” está inmerso en un mecanismo diabólico que alimenta la corrupción, ya que el beneficio empresarial no viene por la “libre competencia”, sino por el pago de unos servicios sanitarios para atender a una población determinada. Si la factura presenta pérdidas, el SNS corre con los gastos. Se trata de un negocio donde las empresas arriesgan cero. Y aún más, por la captación de pacientes de otras áreas de salud, el SNS paga un plus a las empresas. Eso solo es posible gracias a la intervención política, en este caso del PP, que erosiona los recursos públicos (falta de inversión, personal, listas de espera) empujando a los pacientes hacia los hospitales de gestión privada.
2.- Esta es la situación que hemos vivido durante los últimos treinta años. El marco legal que ha posibilitado todo esto arranca con el artículo 90 de la Ley General de Sanidad 14/86 y finalmente, se consagra con la ley 15/97 que en su artículo 2 dice: “ la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Esta ley fue aprobada en medio de la gran euforia privatizadora de los años noventa. El trámite parlamentario llevado a cabo por el gobierno de Aznar, contó con el apoyo del PP, PSOE, Convergencia, PNV y Coalición Canaria; y con la oposición de IU/ICV y BNG.
Recientemente, la ministra de sanidad, Mónica García, ha manifestado en el diario El País, que está dispuesta a derogar la ley 15/97. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: “El Gobierno va a utilizar todas las herramientas del estado de derecho para hacer realidad una sanidad pública y universal”. Todo esto surge a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón.
El PSOE ha tenido casi treinta años para rectificar y, a pesar de las declaraciones de Pedro Sánchez, me siguen creando muchas dudas. En los sitios donde estuvo (PSOE) gobernando durante décadas como Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, fue el responsable de gestionar las consejerías de sanidad sin evitar los procesos de privatización. Solamente, a raíz de las grandes movilizaciones de la Marea Blanca, se posicionó en contra de la privatización de los hospitales públicos y centros de salud. Sin embargo, ¿merece la pena aparcar las dudas y empujar al PSOE para que apoye decididamente la derogación completa de la 15/97? Pienso que sí.
Existe otro problema ¿la nueva ley romperá claramente el marco político y conceptual de la llamada “colaboración público/privada”? En mi opinión, si no lo hace carecerá de credibilidad. Porque se trata de un concepto tramposo. A primera vista parece que se trata de dos términos que funcionan por separado actuando cada uno independientemente del otro y que se complementan mutuamente. Pero no es así. La realidad es que el sector privado se incrusta parasitariamente sobre el sector público utilizando sus recursos y obteniendo, las empresas, pingües beneficios. Son vasos comunicantes en donde el dinero público pasa a las empresas en forma de capital. No hay arquitectura política que solucione una “contradictio in terminis». Es como intentar mezclar el aceite con agua. La propuesta política debe tomar como base el artículo 43 de la Constitución (1978) que garantiza el derecho a la protección de la salud desde los poderes públicos.
3.- ¿Qué pasos concretos deberíamos dar? Tenemos que ser conscientes que el objetivo de revertir las privatizaciones -que llevan años- es extremadamente complejo desde el punto de vista jurídico y legal. A lo que debemos sumar un contexto político adverso caracterizado por el ascenso de las derechas y la crisis de la izquierda tanto política como social. Por no hablar del poder judicial con el Tribunal Supremo a la cabeza.
Esa es la clave de la situación. Creo que las privatizaciones sanitarias se pueden revertir en el marco de un nuevo ascenso de las luchas sociales, en donde se unan la ciudadanía con los profesionales de la salud. Esa perspectiva no está planteada a corto plazo pero debe ser trabajada desde las asociaciones, plataformas y sindicatos. Sabiendo que se trata de una carrera de fondo con múltiples trabas y obstáculos.
En segundo lugar, la vía parlamentaria en esta legislatura está prácticamente cerrada ¿Qué pasará si el Gobierno presenta una nueva ley que incluya la derogación de la 15/97? Es fácil imaginarse un escenario así: PP, VOX votarían en contra y, es muy probable, que también lo hagan Junts, PNV y Coalición Canaria que representan distintos sectores empresariales.
Sin embargo, la misma presentación y elaboración de un decreto o proyecto de ley podría actuar como un revulsivo ante la opinión pública y retratar a los partidos que apoyan el modelo privado.
En tercer lugar, ante la acumulación de hechos y pruebas sobre el deterioro creciente de la calidad asistencial (listas de espera, la falta de personal sanitario, los graves problemas en Atención Primaria); el incumplimiento por parte de Ribera Salud y Quirón de sus obligaciones contractuales; las irregularidades de las administraciones autonómicas como los casos de Andalucía y Madrid. El Gobierno central a través del Ministerio de Sanidad puede y debe intervenir ya activando los protocolos de la Alta Inspección contemplados en el artículo 76 de la ley 16/2003 (sobre la cohesión y calidad del SNS) en donde se dice:
76/4.-“Cuando, como consecuencia del ejercicio de las funciones de Alta Inspección, se comprueben incumplimientos por parte de la comunidad autónoma, las autoridades sanitarias del Estado le advertirán de esta circunstancia a través del Delegado del Gobierno”….
76/6.- “Las decisiones que adopte la Administración del Estado en ejercicio de sus competencias de Alta Inspección se comunicarán siempre al órgano responsable del servicio de salud de cada comunidad autónoma”.
Este es un camino de urgencia para actuar sin la menor demora. En el caso del Hospital de Torrejón es probable que el Ministerio de Sanidad haya intervenido de oficio a través de la Alta Inspección. Pero, como decíamos al principio, todas las actuaciones parlamentarias, legales o jurídicas deberán apoyarse en la información y participación ciudadana.
Recordemos que el triunfo de la Marea Blanca en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (27/01/2014) se debió, en gran parte, al contexto social y político del momento. Como dijo hace muchos años un célebre revolucionario: “Entre derechos iguales, decide la fuerza”. Karl Marx (1867). Siempre es bueno aprender de la historia.
Jesús Jaén Urueña (miembro del MATS)