Manifestación contra el desalojo de Arantzadi, que Asiron justifica por «razones humanitarias»
16/04/2026
Pello Guerra
Redactor de actualidad / Aktualitateko erredaktorea
Negu Gorriak-Derecho a techo ha convocado para este sábado en Iruñea una manifestación para pedir «papeles para todos» y contra el desalojo de Arantzadi, que el alcalde, Joseba Asiron, ha justificado por «razones humanitarias y de seguridad».
Para este sábado, a partir de las 12.00 desde la plaza de Recoletas de Iruñea, ha sido convocada por Negu Gorriak-Derecho a techo una manifestación contra el desalojo del antiguo convento de las religiosas Agustinas en Aranzadi, que el alcalde, Joseba Asiron, ha justificado por «razones humanitarias y de seguridad».
La convocatoria de la citada marcha ha sido anunciada este jueves en una comparecencia ante los medios del colectivo, en la que sus portavoces, Samira Calvo y Fatima El Mourabit, han ofrecido, en euskara y castellano, respectivamente, «diez tesis sobre el desalojo de Arantzadi».
En concreto, han criticado que «140 trabajadores migrantes han sido desalojados sin alternativa habitacional» y que el Ayuntamiento «ha desalojado motu propio». Sobre esta última cuestión, han añadido que «no ha intervenido ni el Gobierno de Navarra ni el Gobierno de España. No ha habido una orden judicial que obligara al Ayuntamiento».
Una vez registrado ese desalojo, «la primera opción que ha dado el Ayuntamiento a las personas desalojadas ha sido un billete de autobús» y «las ‘soluciones habitacionales’ pensadas para los desalojados son dos noches de hotel y luego, a la calle». Con la opción habitacional «solamente para los que fueron identificados por la Policía Municipal y que estuvieran empadronados en Pamplona».
Han criticado que, salvo a 18 personas el martes por la mañana, «la Policía Municipal no ha dejado acceder a los chavales a recoger sus pertenencias», por lo que «ha dejado sin pasaportes y otra documentación imprescindible para la regularización a más de 100 personas justo el mismo día en que se iniciaba el proceso».
También han denunciado que el Consistorio «lleva años bloqueando solicitudes de empadronamiento de todo tipo, 500 según los cálculos de Apoyo Mutuo» y como ocurrió «la semana pasada, cuando se rechazaron 30 solicitudes de empadronamiento presentadas por Negu Gorriak».
Y, además, el desalojo se ha producido «a cinco días de un gran auzolan previsto para adecentar el espacio. No creemos que sea una casualidad».
Dede Negu Gorriak, han mostrado su malestar por que «el Ayuntamiento ha desalojado Arantzadi para regalarle el edificio al Grupo Vitalia mediante una concesión de 50 años».
Finalmente, han denunciado que «una ola de macrodesalojos recorre Euskal Herria: primero Bilbo, luego Donosti y ahora Iruñea» bajo «la idea, bien instalada en la clase política local y entre las élites políticas de Euskal Herria, de que hay una población excedentaria que no merece ni siquiera vivir entre ruinas».
Por todo ello, exigen al Ayuntamiento que «empadrone a todas las personas sin hogar que vivían en Arantzadi» y que «ceda alguno de los cientos de espacios vacíos y viviendas que acumula para hacer frente a la emergencia habitacional». Además de que «devuelva sus pertenencias y documentación a los compañeros de Arantzadi».
Para denunciar lo ocurrido, ha convocado una manifestación para este próximo sábado bajo los lemas ‘Papeles para todos’; ‘No somos aliens, somos trabajadores precarios’; ‘No al racismo institucional’; y ‘Un desalojo, otra ocupación’.
Por «razones humanitarias y de seguridad»
Sobre este desalojo del antiguo convento de las religiosas Agustinas, del que tuvieron que salir casi un centenar de personas que vivían en su interior, también ha dado sus explicaciones el alcalde de Iruñea, que ha justificado el mismo «por razones humanitarias y de seguridad, al tratarse de un inmueble en ruinas».
En unas declaraciones a los medios, ha subrayado que «se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad», cuyos derechos deben ser respetados «con acompañamiento, atención y dignidad», pero ha advertido de que el edificio, de titularidad municipal, supone un riesgo real que obligaba a actuar.
El alcalde ha recordado que la intervención permitirá transformar el edificio en una residencia para personas mayores con apartamentos tutelados y una clínica de neurorrehabilitación, recuperando un espacio para la ciudad durante al menos 50 años.
Ha defendido que «no actuar no era una solución» y ha asegurado que el Ayuntamiento ha triplicado los recursos destinados al sinhogarismo, al tiempo que «se analizan los casos de forma individual para ofrecer soluciones habitacionales transitorias».
Asiron ha reconocido la complejidad de una situación cambiante, con un aumento rápido de personas en el edificio, y ha insistido en que «los recursos son limitados».
Asimismo, ha anunciado la convocatoria de una reunión el 24 de abril con el Gobierno de Nafarroa y ayuntamientos de Iruñerria para coordinar esfuerzos. Ese encuentro va a tener lugar después de que desde el Consistorio de la capital lo haya solicitado por carta a estas instituciones para atender a las 200 personas que duermen en la calle en la ciudad.
Finalmente, ha rechazado vincular inmigración con inseguridad, defendiendo que Iruñea «es y seguirá siendo una ciudad segura» y que «el problema radica en la vulnerabilidad social, no en el origen de las personas».
Pronunciamientos de LAB y ELA
Sobre el desalojo de Arantzadi también han mostrado su parecer los sindicatos LAB y ELA en sendos comunicados. En el primer caso, la central ha señalado que «el desalojo de decenas de personas migrantes que vivían en condiciones infrahumanas en Arantzadi debe ser complementado con un seguimiento y acompañamiento que impida que ninguna persona se vea abocada a dormir en la calle en contra de su voluntad. Queremos mostrar nuestra profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran cada vez más personas en Nafarroa».
Desde LAB exigen «alternativas dignas y que el desalojo lleve implícito un compromiso de habilitar una solución habitacional inmediata y adecuada. Debe evitarse que el desalojo agrave una situación ya de por sí crítica que deja a decenas de personas en un escenario de absoluta incertidumbre».
Y considera que «para prevenir el sinhogarismo entre personas migrantes, es necesario contar con mayores competencias políticas que permitan gestionar de forma más ágil y adaptada los procesos de regularización administrativa».
Además, destaca que «la coordinación efectiva entre administraciones públicas y agentes sociales resulta fundamental» y llama la atención «sobre la necesidad de fortalecer las actuales estructuras y ofrecer un mayor apoyo a los y las trabajadoras del sector, que están siendo sometidas a una presión y carga de trabajo que supera con creces lo aceptable».
Por su parte, ELA denuncia que «el desalojo va a agravar la situación de especial vulnerabilidad que sufren esas personas» y considera que «las ‘condiciones de insalubridad’ argumentadas por el Ayuntamiento no constituyen un motivo justificativo para perpetrar el desalojo del recinto, cuando el Consistorio no es capaz de proporcionar una alternativa a todas las personas que pernoctaban ahí, porque no hay nada más insalubre que dormir en la calle».
Añade que «contribuye a la criminalización de un colectivo, en su mayoría jóvenes de origen magrebí en situación de sinhogarismo, que está sufriendo las consecuencias de un sistema que no le garantiza el acceso a una vivienda digna».
El sindicato «urge al Ayuntamiento, así como al Gobierno de Navarra y al resto de municipios a destinar recursos suficientes para garantizar el derecho a una vivienda digna».
______________________________
Crueldad institucional en el desalojo de Aranzadi
A las 6:30 de la mañana del lunes 13, con apenas seis grados y bajo la lluvia persistente de abril, más de sesenta personas fueron expulsadas del único refugio que les protegía del frío y de la intemperie. No fue un operativo de emergencia destinado a proteger la seguridad y la salubridad de quienes allí se alojaban, como se ha afirmado. El desalojo de Aranzadi fue ejecutado por el Ayuntamiento de Iruñea de la mano de EH Bildu, a través de su concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea. Y con el apoyo de la coalición Contigo-Zurekin, cuyo único concejal, responsable de Acción Social, Txema Mauleón, no puede eludir su responsabilidad directa en lo sucedido.
Lo ocurrido en la vuelta de Aranzadi no es solo un episodio administrativo más. Es una fotografía muy nítida de una política que ya ha perdido el pulso humano y su propia razón de ser. ¿De qué sirve ostentar el poder si se emplea para ejecutar las mismas políticas que la derecha?
La intervención sin que conste una autorización judicial, va más allá de ser políticamente indecente. Jurídicamente también es muy difícil de justificar
Durante al menos los últimos tres años, el antiguo convento de las Agustinas de San Pedro, de titularidad municipal y en estado de abandono prolongado; ha sido el hogar de facto de centenares de personas en situación de exclusión y sinhogarismo. Allí tenían refugio, desarrollaban su vida privada, guardaban sus pertenencias y conservaban toda la documentación, esencial para poder acceder al proceso de regularización. Aranzadi era, en términos constitucionales, su morada.
La desocupación de un espacio así, sin consentimiento previo y sin que conste una autorización, va más allá de ser políticamente indecente. Es difícil de justificar jurídicamente. El pasado lunes el convento de monjas se desmanteló por la fuerza. Sin mostrar resolución judicial. Según las declaraciones públicas del propio concejal de Urbanismo: “actuaron de oficio”.
Aunque se viniera advirtiendo del mismo, el desalojo del edificio de Iruñea se llevó a cabo de una forma sorpresiva. De madrugada, sin aviso y, según relatan algunos afectados, mediante indicaciones confusas que no tuvieron en consideración el desconocimiento del idioma de muchos de ellos. Tanto es así, que algunos se marcharon del lugar creyendo que se trataba de un desalojo provisional de un par de días, para realizar labores de adecentamiento. Otros, ni siquiera se encontraban allí en el momento de los hechos.
La mayoría de los moradores, a excepción de quienes disponían de maletas, no tuvo la opción de recoger sus pertenencias: documentos identificativos, enseres básicos, tarjetas móviles, fotos, etc. Un collage de objetos íntimos, que no han podido recuperar todavía. A excepción de 18 chavales a los que, previa identificación (y con el riesgo de represalias que entraña), se les autorizó la entrada al día siguiente.
No hubo ninguna emergencia, fue una expulsión
Yo misma fui testigo presencial. Vi a los numerosos agentes de la Policía Municipal, blindado el acceso al recinto durante toda la tarde, aquel lunes fatal. Cuando la calma reinó en la zona, vi a numerosos agentes impidiendo a un joven entrar para recuperar sus mantas. No se olvida, aquella petición desesperada ni el frío creciente que se apreciaba con la caída del sol.
“Por favor, están ahí mismo”. El muchacho señalaba su bulto de harapos, tan cerca, al otro lado de la valla. Yo miraba aquellas mantas, en medio de un solar abandonado a la fuerza esa mañana. “Déjennos entrar y salir con ustedes, bajo mi responsabilidad”, le dije a uno de los uniformados que tenía cerca. “Obedecemos órdenes, llame usted al 092”, fue su única respuesta robótica.
Todavía me abruma recordar el trato vejatorio que recibí por parte del inspector jefe 293 de la Policía Municipal. Ante la llamada de una ciudadana en busca de solución, amenazó con ordenar mi detención a sus compañeros, allí presentes. Lo dijo justo antes de colgarme, con un más explicación que un “vuelva usted a llamar mañana”.
De Aranzadi a Martutene: una ola de desalojos sacude Euskal Herria
La gravedad del macrodesalojo de Aranzadi es, fundamentalmente, de carácter social, ético y humano. Pero también posee un marcado carácter jurídico. Las posibles implicaciones legales que orbitan alrededor de este caso son, cuanto menos, inquietantes.
Desahuciar un espacio que es el único lugar de refugio para las personas que lo habitan y que desarrollan su vida más íntima entre sus paredes; implica una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, el de la tutela judicial efectiva. También el de la inviolabilidad del domicilio, que, según amplia doctrina del Tribunal Constitucional, no está exclusivamente ligado al derecho de propiedad.
Son vidas, atravesadas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas, lejos de su tierra de origen, que luchan para poder regularizar su situación
Aparentemente, el 13 de abril no hubo procedimientos ni juez. Fue una actuación administrativa que ejecutó la fuerza policial, amparada en una decisión arbitraria ordenada por parte de autoridades políticas. La pregunta inevitable es: ¿en qué momento se ha decidido que los más vulnerables pueden quedarse fuera del amparo de la ley?
Cuando la política social se pliega al orden
Sí, señoras y señores, ilustres autoridades de esta ciudad. Aunque se haya asumido con absoluta pasividad displicente que, tras el calor que contienen los muros de nuestros hogares, existen personas viviendo en la calle: Todas ellas tienen derechos. Y dignidad, que no solo debe ser respetada, sino que ha de ordenar todas y cada una de sus actuaciones y decisiones políticas.
Una persona jamás será ilegal. Por muy distópicas que se pongan las leyes fronterizas. Esas personas que han sido desalojadas sin alternativa habitacional de Aranzadi, no son un número y un expediente. Son vidas quebradas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas lejos de su tierra de origen, que luchan por lograr un padrón para poder regularizar su situación.
La odisea de “los papeles”. Es la vía casi única para acceder a derechos básicos que en nuestros cuerpos no se cuestionan nunca. Sin embargo, estas personas se encuentran con una nueva agresión por parte de las autoridades. Por si haber denegado en los últimos años cerca de 500 solicitudes de empadronamiento, según los cálculos de la asociación Apoyo Mutuo, no fuera suficiente; ahora se les arrebata incluso ese precario refugio. Esas cuatro paredes, donde muchos perdieron la documentación imprescindible para solicitar su regularización. Justo en el momento en que se abre la posibilidad de hacerlo.
Públicamente, se afirma que todas estas personas han sido realojadas. Lo cierto es que solo a una mínima parte se les ha ofrecido alternativa habitacional. Durante tres días, ya concluidos. ¿Y al cuarto día qué? ¿Dónde duermen esta noche? ¿Quién asume la responsabilidad de su supervivencia hoy? ¿Y pasado mañana? El silencio institucional ante estas preguntas es tan estruendoso como violento.
Más doloroso, si cabe, es constatar que esta actuación se produce bajo un Ayuntamiento que se reivindica como progresista. Con el objeto de destinar el inmueble, mediante la cesión de 50 años, al Grupo Vitalia para la construcción y gestión de un centro de rehabilitación que ni siquiera cuenta con una licencia de obra. Una vez más, estamos ante un modelo de “gestión público-privada” que prioriza la transferencia de recursos y espacios públicos a manos privadas. Como ya se ha visto en otros territorios y puertas giratorias.
La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista
Oro parece, política social no es
La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista. El interés público exige algo más profundo: reconocer la dignidad de todas las personas y actuar en consecuencia. Eso implica regularizar a todas las personas que son desalojadas. Habilitar de forma urgente recursos de alojamiento, alimentación e higiene para quienes han sido condenados a la calle. Además, es imprescindible intervenir en el mercado de la vivienda, para garantizar que el acceso efectivo a un hogar digno esté por encima de cualquier lógica especulativa capitalista. Y también derogar un marco de extranjería que condena a miles de personas a la irregularidad y les niega, de facto, derechos fundamentales.
La crueldad institucional que enmarca el desalojo de Aranzadi, no puede normalizarse, olvidarse ni quedar impune. Exige responsabilidades políticas claras y depuradas. Exige explicaciones públicas transparentes. Y, sobre todo, exige dar un volantazo y un cambio inmediato de rumbo.
Este sábado 18 de abril, a las 12:00 hs, os esperamos en la plaza Recoletas de Iruñea. Mientras la burguesía duerme tranquila, parte de la clase obrera apenas puede pegar ojo pero aún sueña. Porque, mientras queden personas que pernoctan en la calle, no hay que dejar dormir a los de arriba.